EL MUNDO 13/02/14
· Pedirán elecciones o una moción de censura
· Un escándalo denunciado por la ‘número 2’ de la Hacienda foral la pone contra las cuerdas
«O Barcina dimite y convoca elecciones o la echamos a través de una moción de censura». Roberto Jiménez, portavoz del Partido Socialista de Navarra (PSN), dio ayer un violento volantazo al futuro de la Comunidad Foral de Navarra lanzando un ultimátum de 15 días a la presidenta de esta región y máxima dirigente de UPN que aboca casi sin ninguna duda al fin de la legislatura.
El detonante ha sido el último escándalo del Gobierno en la Hacienda foral, desvelado por su ex directora, que el martes acusó a la vicepresidenta navarra, Lourdes Goicoechea, de haberle pedido información confidencial para favorecer a los clientes de su consultora privada. Los socialistas necesitarán el apoyo –asegurado– de la izquierda abertzale a su moción si Barcina no accede a disolver el Parlamento. Los comicios coincidirían con las elecciones europeas.
La ejecutiva de UPN se reunió ayer por la noche de urgencia. El partido ratificó su apoyo a su vicepresidenta, Lourdes Goicoechea, y aseguró que no tiene «ningún miedo a unas elecciones anticipadas». Pero acusó al PSN de romper con 35 años de colaboración en favor de un modelo institucional para Navarra: «El Partido Socialista ha decidido que su estrategia es ir de la mano con Bildu, con lo que eso supone para el futuro de Navarra», indicaron fuentes de la formación que lidera Barcina.
Fuentes de la dirección del PSOE aseguraron a EL MUNDO que en ningún caso gobernarían con Bildu.
Roberto Jiménez había comparecido unas horas antes en una concurrida rueda de prensa para anunciar lo que la oposición nacionalista –la izquierda abertzale de Bildu y Nafarroa Bai, y también la marca del PNV, Geroa Bai– le venía pidiendo desde que Yolanda Barcina expulsó a los socialistas de su primer Gobierno de coalición, en junio de 2012. El PSN le da dos semanas desde el próximo lunes para que, si se acreditan estas acusaciones en una comisión parlamentaria de investigación apoyada también por UPN –cosa que dan por segura–, disuelva la Cámara y convoque elecciones, o serán los socialistas quienes presenten a Jiménez como candidato alternativo para un Gobierno de transición hasta junio. Un Ejecutivo «de auditoría y gestión» cuyo objetivo será descubrir «toda la verdad sobre las cuentas públicas, por dura que sea», afirmó Jiménez.
Las fuerzas nacionalistas ya intentaron una moción de censura en abril del año pasado, la primera en la historia de Navarra, que Barcina superó. La iniciativa se vio frustrada por la abstención socialista, que veía «insuficiente» la evolución de la izquierda abertzale en su condena a ETA, pero podrá prosperar esta vez. Los nacionalistas radicales y moderados e Izquierda-Ezkerra reclamaron ayer al unísono una alianza para tumbar al gabinete, y el PSN dijo por la tarde que está dispuesto. ¿Qué ha cambiado?
Que Navarra atraviesa «la situación más grave de los últimos años», tras unas prácticas en Hacienda que, dijo Jiménez, habrían perjudicado a la comunidad y menoscabado la confianza de los ciudadanos y los inversores. Navarra, añadió, se está «desangrando» y eso debe cambiar. Con un arma: los socialistas evitarán en primer término la fotografía con la coalición liderada por Sortu, al darle un plazo a Barcina para que el Gobierno abandone. Además, en caso de que se vea forzado a presentar una moción de censura, ésta no necesitará ir la firma de la izquierda abertzale–el PSN sólo precisa un escaño más, según el reglamento–, aunque sí su respaldo en la votación.
El golpe de timón aprobado por Ferraz, que reitera que no gobernará con Bildu, se produce en un momento que puede ser propicio para el PSOE, que pretende que las elecciones coincidan con las europeas del 25 de mayo. El futuro número dos de la lista, Ramón Jáuregui, respaldó al PSN ante la denuncia de unas irregularidades «gravísimas» que «rozan el delito» y que obligan al partido. «Eso tiene que depurarse en todas sus responsabilidades hasta el final», dijo en el Congreso.
Fuentes socialistas explican que el PSN tomó esta decisión después de que, por la mañana, el Gobierno cerrara filas en torno a Goicoechea, quien descartó dimitir y aseguró que la presidenta así se lo había pedido.
La consejera de Economía y Hacienda y vicepresidenta navarra matizó la mayoría de las acusaciones vertidas por su ex subordinada y negó «rotundamente» otra, la referida a una comida en la cual Goicoechea supuestamente pidió a Idoia Nieves el Plan de Inspección de Hacienda para saber de antemano si entre los contribuyentes seleccionados figuraban clientes de su antiguo despacho. La consejera reconoció la comida, pero negó esa petición, y anunció que llevará a Nieves ante los tribunales por ello.
El otro vicepresidente del Gobierno y portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniáin, fue claro: el Ejecutivo «tiene absoluto convencimiento de la plena adecuación a la legalidad» de las actuaciones de Goicoechea, víctima de una denuncia «falsa».
Por su parte, tanto el sindicato ELA como la asociación Kontuz –que ya se movilizó en el caso de las dietas de Caja Navarra– anunciaron iniciativas judiciales. ELA presentará una demanda y Kontuz, una denuncia en el Tribunal Supremo contra la vicepresidenta por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, infidelidad en la custodia de documentos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y autoridades, y prevaricación.
El futuro es incierto para una comunidad que, en los últimos tiempos, acusa el desgaste de varios escándalos. El más sonado antes que éste es el de la gestión de la caja autonómica CAN, vendida a La Caixa y que pagó dietas cuantiosas a sus consejeros; un asunto turbio, finalmente archivado por el Tribunal Supremo, que no sólo afectó a cargos de UPN, como la propia Yolanda Barcina, sino también a otros, como el socialista Roberto Jiménez.
La división de una oposición muy fragmentada por el eje soberanista ha permitido la supervivencia del Gobierno regionalista, aunque ya en clara minoría y sin apenas capacidad para legislar ni posibilidad de aprobar sus presupuestos. Las acusaciones en torno a la Hacienda, un caso sin tintes identitarios y que ataca de lleno a la marca de UPN como el partido que mejor ha gestionado una de las comunidades más ricas de España, parece haber servido de elemento aglutinante.
El día después de las elecciones empezará el verdadero problema. El PSN es hoy la segunda fuerza, con nueve escaños, muy por detrás de UPN (19), pero es fácil suponer que la izquierda abertzale le arrebatará esa posición gracias a la unión de las siglas que concurrieron separadas en 2011, cuando Aralar se resistió a integrarse en Bildu, la coalición formada por la antigua Batasuna, EA y Alternatiba. Juntos suman hoy 13 escaños.