ABC-IGNACIO CAMACHO
Lo que dice bien claro la Carta Magna es que la soberanía reside en el pueblo español, no en los pueblos de España
ALGUNO de entre las decenas de asesores que ha fichado debería explicarle a Pedro Sánchez la diferencia entre el pueblo español y los pueblos de España. El segundo sintagma, que es el que utilizó ayer a propósito del cuadragésimo aniversario de la Constitución, aparece en el Preámbulo del texto con el mero sentido retórico de una expresión figurada; algo así como una frase hecha, un significante abstracto, una simple metáfora referencial incluida para rebajar el recelo nacionalista sobre la Carta Magna. Los constituyentes la dejaron fuera del articulado efectivo para que careciese de relevancia y no fuese susceptible de ninguna interpretación sesgada. Para que no quedase ninguna duda ni confusión posible sobre el verdadero sujeto de la identidad soberana.
A éste, es decir, al pueblo español, lo nombraron en el párrafo segundo del artículo primero con el propósito inequívoco de que quedase clara su condición de titular preciso, indivisible y exclusivo. Esa declaración contundente, primordial, asociada al concepto de nación única, común e indisoluble, es lo que tiene valor jurídico. Es nuestra versión del «we, the people» norteamericano, el fundamento del que emanan los poderes del Estado, su organización institucional y su orden político. Es la clave de bóveda, la piedra angular, el origen del principio. El pueblo, no los pueblos, democráticamente constituido para dotarse, en uso pleno de su libertad, de unas pautas de convivencia a sí mismo.
Por eso el presidente tendría que poner más cuidado que nadie al elegir los términos. El que ha empleado ofrece una ambigüedad que se presta a malos manejos, porque el nacionalismo está pendiente de esos matices diferencialistas sobre los que sustenta su proyecto. Si el máximo mandatario del país reconoce, siquiera de palabra, cierta carta de naturaleza a unas realidades colectivas distintas a las que establece el ordenamiento, cualquiera puede inferir que de esa supuesta existencia se desprenden unos derechos. El de autodeterminación, en concreto. No son sólo palabras dichas al bies para decorar una declaración con el énfasis de un momento. Se trata de una elemental cuestión de conceptos, a los que debería prestar la máxima atención quien tiene la máxima responsabilidad del Gobierno.
España no es una nación de naciones, ni de territorios, ni de pueblos, sino de ciudadanos. Sin duda puede ser otra cosa pero para ello habría que cambiar el marco. Hasta entonces, y con el que hay, sólo la ciudadanía igualitaria proporciona cohesión al Estado. Celebrar los cuarenta años de la Constitución y defender su vigencia implica la aceptación integral de sus pilares básicos, sin subterfugios ni actos fallidos, casuales o no, que tergiversen su significado. Y que además siempre lo hacen en la misma dirección: la de sugerir una definición alternativa de la soberanía instituida con carácter diáfano.