El punto de inflexión

CORRÍAN mediados los ochenta, los años estelares del felipismo. Firmado el ingreso español en la CE, la socialdemocracia se dispone a aprovechar los millonarios fondos de cohesión para modernizar el país con un programa de inversiones estructurales coronado por los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. El PSOE gobierna en la mayoría de las instituciones con una hegemonía absolutísima apenas rota por los bastiones nacionalistas del País Vasco y Cataluña. La poderosa federación socialista catalana presiona a González y Guerra para minar el auge con que la coalición de Jordi Pujol ha empezado a sentar las bases de la llamada «construcción nacional» y a rentabilizar en su beneficio la expectativa olímpica. Pujol debe caer, es la consigna. La cacería se pone en marcha a raíz de la quiebra de Banca Catalana, fundada por el padre del presidente de la Generalitat. El Cesid, el servicio de inteligencia, está bajo el mando del ministro barcelonés Narcís Serra. Los dosieres vuelan. La Fiscalía del Estado presenta una ruidosa querella contra Pujol, exvicepresidente del banco, y otros 17 directivos. Maquinación financiera, falsedad documental, apropiación indebida. Un proceso contra el es

tablishment del nacionalismo. Entonces un oscuro funcionario andaluz comete una indiscreción crucial. Se llamaba Tomás Azorín, y era delegado del Gobierno en Andalucía. Un hombre bajo la estricta obediencia de Alfonso Guerra que le controlaba a través de su hermano Juan, instalado en un vecino despacho que más tarde se haría famoso como epicentro del primer gran caso de corrupción de la democracia. En un rutinario almuerzo con periodistas, Azorín suelta con ingenua confianza una frase que cree amparada en el offtherecord de la charla: «Los socialistas vamos a meter a Pujol en la cárcel». Un periódico irreverente y travieso, «Diario16», decide romper la confidencialidad de una revelación que implica la responsabilidad directa del poder en el acoso judicial al pujolismo. La frase sale en portada, en grandes caracteres a cuatro columnas.

La tormenta es gigantesca. Ante la tensión, Azorín admite la autoría. Pujol encuentra la fisura para contraatacar con una airada campaña victimista: se trata de un ataque a la identidad política de Cataluña. Sin tapujos, amenaza al Gobierno con la ruptura: abrir la caja de truenos del independentismo y destrozar la entente organizadora de los Juegos, el gran escaparate del cesarismo felipista. Es la época del entierro guerrista de Montesquieu y la presión política sobre la magistratura judicial se vuelve palpable, densa, explícita. En noviembre del 86, la Audiencia de Barcelona desestima por 33 votos contra 8 el procesamiento del

Honorable, que se convertirá durante las dos décadas siguientes, con González y Aznar, en la bisagra clave de la gobernabilidad del Estado. Los años inexcusables, blindados, de la impunidad consentida.