Ignacio Camacho-ABC
- Sin seguridad en las fronteras y en grave crisis de estabilidad institucional interna, España es ahora mismo una nación indefensa
A la vista de cómo se humilla ante Marruecos en detrimento de una nación cuya integridad territorial ha sido allanada en una invasión extranjera masiva, cabe dudar de que el Gobierno fuese capaz de impedir una nueva insurrección separatista. Por fortuna el independentismo catalán no está en condiciones de repetirla pero difícilmente encontrará una ocasión más propicia frente a un Ejecutivo colapsado en clara trayectoria de salida. Con el sanchismo en plena descomposición, las elecciones virtualmente perdidas y buena parte de su dirigencia pendiente de las investigaciones de la justicia, España es ahora mismo un país indefenso frente a cualquier ataque exterior y a eventuales tentaciones internas de desestabilización política.
Ese peligroso vacío de poder constituye una seria amenaza para el ya bastante precario equilibrio institucional de la democracia. El tramo final de una legislatura agónica augura sacudidas desesperadas por parte de un presidente capaz de desdeñar en público la legitimidad de la alternancia y utilizar al jefe del Estado como diana de sus maniobras de propaganda. La crisis ceutí se ha convertido en el punto de no retorno –como lo fue el ‘procès’ para el marianismo– de un mandato cuya siempre escasa autoridad ha quedado triturada por el fracaso en la prevención, contención y gestión de la avalancha. La seguridad de las fronteras y la normalidad en la calle son la ‘ultima ratio’ de la confianza ciudadana. Un Gobierno que no pueda garantizarlas no sirve para nada.
La pretensión oficialista de minimizar la ocupación de Ceuta como una emergencia humanitaria se va a volver en contra de los intereses de la Moncloa. La preocupación por la cuestión migratoria es en este momento el marco electoral decisivo en toda Europa, y el esfuerzo por excitar la pulsión reactiva de la ultraderecha acabará consolidando una aplastante mayoría conjunta de las formaciones conservadoras. Las manifestaciones de ayer representan un veredicto abrumador de la opinión pública española al que se ha sumado una pléyade de alcaldes socialistas cuyos matices de forma no ocultan la intención de evitar que los arrolle la ola. He ahí un gesto de enorme relevancia simbólica: hasta la uniformidad plebiscitaria del partido está rota.
Es muy probable, sin embargo, que la inminencia del fin del ciclo provoque espasmos susceptibles de zarandear las vigas del sistema que aún quedan a salvo. Los recientes dardos contra la Corona no son improvisados; forman parte de un plan de resistencia y de confrontación destinado a extremar la polarización a un grado máximo. Sánchez no está dispuesto a dejarse derrotar sin jugarse a fondo las últimas bazas que tenga a mano, y en el peor de los casos parece dispuesto a dejar un legado de tierra quemada a sus adversarios. El coqueteo con las propuestas destituyentes anuncia unos meses de estrategia del caos como colofón dramático de ocho años de estragos. Un riesgo de fractura civil que sólo podrá evitar el sentido de responsabilidad de los ciudadanos.