Lejos de acercar una solución al enredo sobre la renovación de la cúpula judicial, el anuncio de dimisión de Carlos Lesmes ha trastornado aún más el conflicto en vísperas de la visita del comisario europeo Reynders. Una medida de presión de ese calibre puede agravar el problema y convertirlo en una crisis institucional sin precedentes. Todo el mundo sabe, y el primero el propio Lesmes, que el meollo de la cuestión no es el CGPJ sino la urgencia de Sánchez por configurar una Corte de Garantías a la medida de sus intereses. El derecho gubernamental a cambiar la actual mayoría no debería estar en discusión: lo tiene en virtud –o defecto– de la ley vigente. Pero el precio razonable de un acuerdo con la oposición es precisamente la reforma del sistema actual para reforzar el peso representativo de los jueces en aras de una más efectiva separación de poderes. Y el portazo de la máxima jerarquía togada no contribuye al consenso, como acaso cree, sino que lo entorpece.

Porque es imposible que el dimisionario en diferido ignore que la verdadera salida del bloqueo excede a su ámbito de ejercicio. Consiste en que además de los cuatro miembros del TC pendientes de relevo reglamentario hay un quinto cuya sustitución no contempla el Ejecutivo. Si la baja por enfermedad inhabilitante del magistrado ‘conservador’ Alfredo Montoya se cubre con arreglo al criterio de reparto en que fue elegido, la correlación favorable a la sensibilidad ‘progresista’ –dicho en términos convencionales– será de siete a cinco. Un sesgo aceptable por el PP en la confianza de que el libre albedrío jurídico de un solo componente del plenario puede generar en casos concretos una situación de equilibrio, como de hecho ya ha sucedido otras veces ante debates especialmente comprometidos. Ocurre que la ambición de Conde Pumpido ha sugerido a La Moncloa la tentación hegemónica de un siete a cuatro y el presidente, que nunca desperdicia una jugada ventajista, parece haberla aceptado. El asiento vacío de Montoya es, pues, la pieza maestra que falta en el cuadro.

Así las cosas, es difícil que la renuncia de Lesmes remedie nada porque el factor esencial del ‘impasse’ está en realidad en una negociación política cuyas claves quedan fuera de su alcance. A conciencia o no, su intento de precipitar de cualquier manera el desenlace supone en términos objetivos un cable a las aspiraciones de Pumpido y Sánchez. Uno ansía presidir el Tribunal cuanto antes y el otro asegurarse de que sus leyes y decretos pasan sin dificultades los filtros constitucionales. En medio está el prestigio zarandeado de la Justicia, sometida a un forcejeo banderizo recíproco ante la mirada atónita de la ciudadanía, que sólo entiende del asunto su evidente traza de manipulación partidista. Acabe como acabe la porfía ya es inevitable el daño que la democracia y sus instituciones se han hecho a sí mismas.