DIARIO VASCO, 6/9/12
Pide la nulidad de la decisión judicial y denuncia el ocultamiento de un informe médico. La Fiscalía de la Audiencia Nacional avala el tercer grado al recluso, pero no su libertad condicional
El caso de Josu Uribetxebarria, el preso de ETA enfermo de cáncer ingresado en el Hospital Donostia, se prolongará al menos unas semanas más después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurriese ayer la libertad condicional decretada el 30 de agosto por el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro. El recurso del fiscal Pedro Rubira basa sus alegaciones en tres puntos: la nulidad de la resolución judicial al entender que el juez Castro ocultó a la Fiscalía un informe médico del Hospital Donostia que fue clave en su decisión final; la no demostración de que exista «un peligro inminente para la vida del interno»; y el hecho de que Uribetxebarria no haya mostrado arrepentimiento por sus delitos o se haya desmarcado claramente de ETA.
EL RECURSO
Conclusiones
– Primera: Se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva originando indefensión al no haber notificado al Ministerio Fiscal las diligencias finales ejecutadas por el órgano judicial, con la consecuencia de no haber podido intervenir en las mismas, y no haberle dado traslado del informe médico de fecha 22 de agosto y del acta del 28 de agosto para su conocimiento y formulación de las alegaciones pertinentes.
– Segunda: El penado padece una enfermedad grave e incurable, pero no se encuentra en situación de riesgo inminente o de peligro patente para su vida, de modo que para acceder a la libertad condicional resulta imprescindible formular declaración de arrepentimiento.
El fiscal pide que
1 – Se acuerde la nulidad de pleno derecho de las actuaciones por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ordenando retrotraer las actuaciones.
2 – Si no se decretase la nulidad, procede revocar y dejar sin efecto la libertad condicional del preso, debiendo permanecer el mismo en situación de tercer grado para recibir el tratamiento médico que necesita.
El recurso de la Fiscalía, que se concretó un día antes de que expirase el plazo para presentarlo, traslada ahora la decisión sobre la libertad condicional del preso a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el juez Fernando Grande-Marlaska. El fiscal Rubira pidió que sea tramitado de urgencia y, atendiendo a la «importancia y complejidad de las cuestiones que se suscitan y a la repercusión que puede tener en casos similares», reclamó que sea el Pleno de la Sala de lo Penal el que decida sobre el recurso. Esto sólo ocurriría si una mayoría de los 18 magistrados de esta sala así lo solicita, ya que Grande-Marlaska no es partidario de trasladar al pleno estos recursos. En cualquier caso, la hipotética puesta en libertad de Uribetxebarria quedará bloqueda al menos durante unas semanas.
LAS REACCIONES
HERRIRA COLECTIVO DE APOYO A PRESOS DE ETA
«Busca alargar los plazos para saciar la sed de venganza de los sectores más reaccionarios»
JOAQUIM BOSCH JUECES PARA LA DEMOCRACIA
«El recurso es poco comprensible porque la decisión del juez estaba ajustada a derecho»
ÁNGELES PEDRAZA PRESIDENTA DE LA AVT
«Esta decisión nos da más fuerza para seguir con las protestas por la actual política penitenciaria»
El recurso contra la excarcelación firmado por el fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria, Pedro Rubira, pero supervisado por sus superiores jerárquicos, Javier Zaragoza y el fiscal general Eduardo Torres-Dulce, fue un torpedo en la línea argumental que mantuvo el magistrado Castro en su auto de libertad condicional. El fiscal no ahorró gruesos calificativos como «singular», «inusual», «inaudita» e «inquisitiva» hacia una resolución judicial que todas las asociaciones judiciales habían respaldado la semana pasada.
La visita del juez al hospital
En el centro de la apelación subyace la visita que el juez realizó el 28 de agosto al Hospital Donostia. Castro justificó que era una «diligencia final» antes de pronunciarse sobre la libertad condicional del recluso. Se reunió tres horas con los médicos, cinco minutos con Bolinaga y se hizo eco de un nuevo informe de los oncólogos del 22 de agosto, en el que basó su ulterior decisión.
Este informe profundizaba la gravedad del cáncer del preso, con metástasis pulmonar, cerebral y en el sistema nervioso, y cifraba su esperanza de vida en unos nueve meses. Unos datos que ni la Fiscalía ni la forense de la Audiencia Nacional conocieron a la hora de elaborar sus respectivos informes, según apunta ahora Rubira. Todo ello, añade, provoca la «indefensión» de la partes, ya que el juez «omitió» información de relevancia sobre el estado de salud de Uribetxebarria.
A partir de aquí, empieza el duro reproche a la actuación judicial. El fiscal pone en duda su «forma de actuación» y las reglas de «buena fe y lealtad procesal». Relata que el juez les notificó su visita al centro hospitalario donostiarra un día después, el 29 de agosto, «privándole de la posibilidad de intervenir en la citada diligencia y conformando así una irregularidad procesal claramente vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva».
Más allá de estas presuntas irregularidades formales, la segunda parte del recurso se centra en la aplicación «indebida» de las condiciones para la excarcelación. En concreto, en un tema capital como es la salud actual del preso y su evolución. El juez Castro se acogió al «peligro patente para la vida del enfermo», artículo 92.3 del Código Penal, como supuesto «excepcionalísimo» para concederle la condicional.
La razón, señala el fiscal, fue el último informe médico del Hospital Donostia, en el que se afirma que «la vida del interno corre peligro inminente o patente», pero que ni la forense, contraria a la excarcelación, ni el Ministerio Público conocieron y siguen sin conocer.
El fiscal, que reconoce la grave enfermedad de Uribetxebarria, replica que «ninguno de los informes médicos aportados» menciona el «peligro patente para la vida» que exige la ley. De ahí su impugnación, ya que, según la Fiscalía, «no está terminal». Además, recuerda que para aprobar un expediente de excarcelación sería necesario que los informes sanitarios «fueran coincidentes», algo que no ocurre.
Al negar esta condicionante, el fiscal rechaza el resto de supuestos para la libertad condicional. Ni hay arrepentimiento por parte de penado, ni hay un pronóstico favorable de reinserción social, ni hay un repudio expreso a la violencia de ETA. Del escaso riesgo de delinquir por su grave enfermedad, que alegó el juez, la Fiscalía no hace mención.
Varias páginas del recurso se dedican a criticar que Castro censure al Ministerio Público por no recurrir anteriormente la concesión del tercer grado al preso, medida que adoptó Instituciones Penitenciarias, dependiente del Gobierno. El fiscal concluye que este régimen de semilibertad no es similar a la libertad condicional del preso, por lo que mantiene que Uribetxebarria sea tratado de su cáncer en prisión.
Rubira explica que la Fiscalía avala el tercer grado concedido por el Gobierno porque esa clasificación penitenciaria no supone que sea excarcelado totalmente ni que desaparezcan los controles penitenciarios. Por contra, sostiene que la libertad condicional implica la inmediata puesta en libertad del interno, que desde ese momento no queda sometido al régimen penitenciario y su libertad no puede ser revocada si llega a curarse.
Protesta de las víctimas
Algunas asociaciones de víctimas acogieron ayer como «un hilo de esperanza» el recurso a la excarcelación de Uribetxebarria. Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, aseguró que la decisión de la Fiscalía les da «más fuerza» para continuar con sus protestas contra la política penitenciaria del Gobierno. Para el presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, el recurso es «una estrategia de maquillaje para calmar la alarma social».
Algunas de estas asociaciones sacarán el sábado a la calle su malestar con el Gobierno, aunque por separado. La AVT marchará hasta la prisión de Zaballa (Vitoria) y Voces contra el Terrorismo y Covite se concentrarán ante el Ministerio de Interior.
DIARIO VASCO, 6/9/12