El reciente dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de registro horario digital supone un varapalo jurídico en toda regla para el insensato empecinamiento de Yolanda Díaz en la aplicación de su jornada reducida.
El máximo órgano consultivo ha sido tajante al calificar de «inaprobable» la norma con la que el Ministerio de Trabajo pretende imponer un control telemático y remoto de la jornada.
Y no es únicamente la oposición o la patronal quien cuestiona esta medida. La fractura es ya evidente en el seno del propio Gobierno.
Los recelos expresados por los ministerios de Economía y Función Pública confirman que la deriva de Yolanda Díaz empieza a generar vértigo incluso entre sus socios. Existe una preocupación real por el impacto que esta hiperregulación tendrá en la competitividad de un país que aún trata de consolidar su crecimiento.
Las críticas del Consejo de Estado no carecen de fundamento.
Denuncia, en primer lugar, un vicio de forma: el intento de modificar el Estatuto de los Trabajadores mediante un Real Decreto, hurtando el debate parlamentario.
Pero también advierte sobre la falta de flexibilidad de un sistema que ignora las particularidades de sectores como el campo o la hostelería, criticando además el desproporcionado coste que supondrá para las pymes.
Esta medida es el paradigma de una política laboral anclada en el pasado.
En la economía del conocimiento de 2026, donde imperan el teletrabajo y la gestión por objetivos, obligar a registrar cada minuto es un anacronismo. Es fomentar un «presentismo» digital que nada tiene que ver con la eficiencia.
Para las pequeñas empresas y los autónomos, este registro obligatorio actúa como un impuesto oculto. No sólo por el coste del software, sino por la asfixiante carga burocrática que supone.
Se castiga al emprendedor bajo una sospecha sistémica de fraude, convirtiendo la gestión diaria en un campo de minas legal donde cualquier error administrativo puede derivar en sanciones confiscatorias.
Es hora de que el Gobierno deponga este enfoque intervencionista.
La política laboral de Yolanda Díaz se ha caracterizado por un injerencismo asfixiante que vacía de contenido el diálogo social y vulnera la autonomía de las empresas.
Legislar a golpe de «decretazo» para imponer una reducción de jornada de 37,5 horas —sin atender a la realidad de cada sector— es un camino directo al estancamiento.
Lo que la economía española necesita con urgencia no es más vigilancia estatal, sino una mejora real de su productividad. Y la productividad se logra con inversión, formación y seguridad jurídica, no con algoritmos de control horario.
El Ministerio de Trabajo debe entender que el bienestar de los trabajadores no se decreta: se construye creando un entorno favorable para que las empresas puedan competir, crecer y generar riqueza en libertad.