El líder de Junts y socio de Pedro Sánchez desafía así la orden de detención que pesa sobre él en territorio nacional por un delito de malversación agravada, que el Supremo entiende queda fuera de la ley de amnistía. Dado que las fuerzas de seguridad están obligadas a cumplirla y a ponerle a disposición judicial en cuanto sea detectada su presencia en el país, con ese golpe de efecto estará forzando su propio arresto dentro de una estrategia de agitación teñida de victimismo con la que parece olvidar que el frustrado ‘procés’ pertenece al pasado y que la ciudadanía ha decidido pasar página. Con ella pretende provocar un clima de tensión de tal magnitud que empuje a Esquerra a rectificar su respaldo a Illa, algo improbable una vez rota en mil pedazos la unidad independentista. Se trata de una dinámica no exenta de riesgos, al igual que la masiva movilización organizada por su partido y varias asociaciones del secesionismo más irredento para recibirle en las inmediaciones del Parlament en un pretendido choque de legitimidades.

Puigdemont se anotará un efímero tanto propagandístico si, en su permanente pulso con el Estado, consigue burlar todos los controles y acceder a la Cámara sin haber sido detenido. Pero incluso en ese caso se hace difícil entender que su regreso voluntario sea «la victoria del independentismo» que se atribuye Junts. Aunque su posible arresto pueda aplazar unas horas la investidura y robarle protagonismo al futuro presidente de la Generalitat, la Cataluña actual es muy distinta a la que él dejó cuando huyó para eludir sus responsabilidades.