Más allá de los enfrentamientos políticos en torno a la Educación por la Paz, es iluso ignorar que ésta es tarea de los profesores. Pelear por el marco normativo es más estéril que afianzar una red de responsables de Convivencia y una financiación adecuada que haga viable el plan, eliminando los obstáculos financieros y administrativos.
El penoso rifirrafe entre los partidos vascos a cuenta del Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia parece una invitación al hastío. Otra vez la educación como excusa para que los partidos marquen sus territorios, otra vez la política-ficción enseñoreándose de los medios de comunicación. Para quienes llevamos mucho tiempo promoviendo a pie de aula una acción decidida contra las justificaciones de la violencia resulta doloroso comprobar cómo los razonamientos de los políticos son una rémora para la acción. Hablan de planes pasados o actuales como si alguna vez se hubiera hecho algo con el conjunto del alumnado y pretenden hacernos creer que uno u otro artículo de cualquier decreto, plan o programa puede ser determinante para nuestro futuro. Se diría que hablan por hablar y no les importara que pasaran los años; al contrario, así tal vez confundiríamos el aburrimiento mediático provocado por su palabrería con habernos ocupado seriamente de la Educación para la Paz de nuestros niños y jóvenes. Con todo, no vamos a reprochar a los parlamentarios que parlamenten; lo que no es aceptable es que tanta discusión paralice la acción del Ejecutivo, que debería estar tomando iniciativas al respecto aprovechando precisamente el vacío legislativo que tantos otros se empeñan en prolongar.
Pero no seamos tan pesimistas. Puede que por debajo de la indefinición de las discrepancias que los nacionalistas esgrimen contra la propuesta del Gobierno y del PP haya algo ciertamente trascendente para el futuro, lo que algunos historiadores como Antonio Rivera han llamado el ‘relato’. De cómo expliquemos a los alumnos lo que ha pasado en el País Vasco en relación al terrorismo etarra puede depender muy mucho la futura articulación institucional de Euskadi, el auge o decadencia de las ideologías -carlismos, clericalismos, nacionalismos, leninismos y otros fundamentalismos- que han posibilitado medio siglo de terrorismo.
Si éste fuera el meollo, como así creo, más allá de la presencia virtual o real de las víctimas en el aula, la ‘construcción del relato’ va a depender de los currículos y de los libros de texto, sí, pero también de las iniciativas que ayuden a promover la memoria de acontecimientos especialmente impactantes de nuestra historia reciente: las penas de muerte del 75, los atentados más brutales, el secuestro de Ortega Lara, las movilizaciones por Miguel Ángel Blanco y tantas otras cuestiones que, más allá de la escuela, pueden y han de evocarse a través de películas, novelas, debates televisivos, aniversarios, homenajes, nombres de edificios y muchos otros modos. Pero de que escojamos unos y otros acontecimientos -como yo mismo acabo de hacer- dependerá muy mucho la lectura histórica que puedan hacer nuestros descendientes. No es de extrañar, por tanto, que el PNV titubee y se pregunte quiénes son sus auténticos aliados en este asunto. Pero el Gobierno vasco no debería perder un minuto en discusiones bizantinas porque, como ya hiciera Interior con las fiestas veraniegas, nos urge avanzar hacia la tolerancia cero con la violencia y promocionar las revisiones del relato mítico con que el nacionalismo ha venido falsificando nuestra historia cuando ocupaba el poder.
Ahora bien, tengan más o menos sentido los enfrentamientos políticos en torno a la Educación por la Paz es iluso ignorar que no es ésta tarea de los políticos sino de los profesores. Pelear por el marco normativo es más estéril que afianzar una red de responsables de Convivencia y una financiación adecuada que haga viable el plan. No suele ser el articulado jurídico lo que impide el éxito de los planes transversales -ya saben, los que no se limitan al contenido de una asignatura- sino los obstáculos prácticos, financieros y administrativos. Pero, como siempre, los auténticos responsables del éxito de una u otra ley educativa, los profesores, somos utilizados como carne de cañón. Lo mismo cuando Egibar dice que se insulta al gremio de profesores por decir que no hemos hecho lo suficiente -una obviedad que no cuestionamos quienes hemos hecho ‘algo’ siempre por iniciativa propia- que cuando desde el gabinete educativo se anima al profesorado a «tomar partido en la recta final del terrorismo» (EL CORREO, 22-4-10), como si esto fuera una tarea de días y no de décadas, como si la miserable herencia moral provocada por la tibieza ante ETA se pudiera desactivar en un santiamén.
Si nos hicieran un poco de caso quienes se empeñan en articular un plan que no diluya la violencia de ETA en otra más genérica comprenderían que eso no es lo principal, en mi opinión, ya porque su aplicación dependerá de cada profesor o de cada centro como, sobre todo, porque toda sensibilización contra la violencia, sea de género, de acoso, de bandas o de lo que sea, es ya un primer paso en la sensibilización antiterrorista. He defendido en otras ocasiones que la sensibilidad del electorado de la izquierda abertzale contra el maltrato machista y los abusos en el ámbito afectivo puede ser un excelente punto de encuentro para, partiendo de todas esas noticias que tanto impactan a niños y jóvenes, desarrollar una deslegitimación de todas las violencias. En cualquier caso, si en cada clase se harán las cosas mediatizadas por quién sea el docente, no entiendo a qué prolongar tanto debate de salón. Digamos a todo que sí y empecemos de una vez.
(Vicente Carrión Arregui es profesor de Filosofía)
Vicente Carrión Arregui, EL CORREO, 6/5/2010