Javier Rupérez, EL IMPARCIAL, 21/9/12
Según el artículo 56 de la Constitución Española de 1978, el Rey, es “el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y de su permanencia”. El artículo 61 le confiere el encargo de “guardar y hacer guardar la Constitución”, que él mismo ha debido jurar al hacerse cargo de sus responsabilidades. El artículo 2 del texto constitucional funda su vigencia sobre la “indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles”.
En ese contexto nada más normal, pero también nada más necesario, que el Rey de España, en estricta vocalización de sus obligaciones constitucionales, saliera en defensa de la unidad de España cuando las fuerzas nacionalistas catalanas la están poniendo gravemente en duda. Lo ha hecho de forma novedosa por el instrumento utilizado —la web digital recientemente estrenada de la Casa Real española- y con la contundencia, claridad y delicadeza que las circunstancias exigen. El texto de la carta que el Rey dirige a los españoles recuerda que estos no son tiempos para “dividir fuerzas, alentar disensiones, perseguir quimeras, ahondar heridas” ni para “escudriñar en las esencias ni para debatir si son galgos o podencos quienes amenazan nuestro modelo de convivencia”. El Rey hace una llamada para recuperar “la unión y la concordia que han destacado en las mejores etapas de nuestra compleja historia”, con una referencia explícita a la Transición española hacia la democracia. Es una declaración tan corta como nítida. Y bienvenida por la inmensa mayoría de los españoles.
Tras la iniciativa real, y en el mismo sendero, el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha tenido dos ocasiones en la misma semana para reafirmar el papel de garante de la Constitución que también corresponde al Gobierno. En la primera de ellas, y en respuesta en foro parlamentario a algunas de las preguntas que le dirigían los diputados nacionalistas/independentistas catalanes, ha confirmado, como de otra parte no podía ser menos, su obligación y vocación en la defensa de la Constitución y de las leyes. En la segunda de ellas, y en el Palacio de la Moncloa, ha mantenido con firmeza ante el Presidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas el carácter inconstitucional del llamado pacto fiscal promovido por los partidos nacionalistas catalanes y su consiguiente negativa siquiera a considerarlo. No cabe sino felicitarse de la consistencia rocosa con que las máximas autoridades del Estado y del Gobierno muestran su oposición a cualquier intento de división, partición o secesión de España. .El Jefe de la Oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha remado en la misma dirección al oponerse también al pacto fiscal con Cataluña y al subrayar con rotundidad que “cualquier intento para proclamar la independencia de Cataluña se encontrará con la oposición del PSOE”.
La narración de los acontecimientos debería bastar para comprender la gravedad que revisten los mismos. Aunque los envites contra la unidad nacional provenientes de los nacionalismos catalán y vasco no han dejado de producirse con cierta regularidad desde comienzos del siglo XX —momento en el que comienzan a adquirir forma sentimental y política las reivindicaciones nacionalistas- sea posiblemente éste el momento en que de manera mas abierta y grave desde que Macià proclamara el Etat Catalá en 1936, se ponen en duda los mismos fundamentos de la existencia de España. Cualquier consideración de prudencia debería ceder al paso a la urgente necesidad de garantizar la vigencia de los principios en los que se basa la convivencia entre los españoles y la misma definición de su patria. Afortunadamente así ha sido. El Rey ha marcado el camino en el que ya no caben componendas o ilusiones. Independencia es lo que las formaciones nacionalistas catalanas —entre las cuales otrora CIU era considerada como manifestación de catalanismo moderado- quieren.
Es evidente que Mas y compañía, torpemente embarcados en una navegación que tiene difícil retorno, no van a cejar en su empeño, cuyo próximo capitulo será con seguridad la convocatoria anticipada de unas elecciones catalanas convertidas en plebiscito en torno a la independencia. Es evidente también que en ese proceso de ruptura con la institucionalidad española lo que diga el Rey, el Presidente del Gobierno o el Jefe de la oposición tenderá a ser descalificado por los independentistas—de hecho ya lo ha sido, de manera tan burda como ardorosa- como si de manifestaciones extraterrestres se trataran. Pero apenas logran evitar la preocupación de lo novedoso: se acabo la complacencia, las medias tintas, la corrección política, o la teoría del mal menor. Segundos fuera. Esto va en serio. Se está poniendo en duda la unidad constitucional e histórica de la Nación.
En las escaramuzas que nos esperan, y que nadie que no sea un perturbado debe contemplar con preocupación, la obligación que compete al Gobierno de cumplir y hacer cumplir la Constitución es tarea ineludible sobre la que seguramente exigirán precisas cuentas los españoles cuando sean convocados a las urnas. Ya no caben las dilaciones o los compromisos. Tampoco las trampas: los catalanes deben saber con exactitud cuáles son los absurdos costes de la independencia y el precipicio de irrelevancia al que les conducen los que la proponen. Y también corresponde al Gobierno de la Nación la didascalia correspondiente. Ha sido demasiado largo el tiempo durante el cual la ciudadanía española ha tenido que soportar con mansa paciencia los insultos y descalificaciones que la misma noción de España ha recibido de parte de aquellos que no conciben su propia existencia sino es en contraposición y negación a la entidad histórica que les ha dado sentido y cobijo. Claro que no se trata de entrar en una pelea barriobajera en donde solo cuenta el “y tú más” —esta vez con minúscula- sino la que le compete a las autoridades españolas de establecer la verdad histórica y numérica sin alharacas ni estruendo, pero también sin timidez ni pudores. España no es la entidad artificial y verbenera que los burgueses catalanes de CDC y UDC quieren hacernos creer.
Y en ese proceso de reafirmación de la unidad nacional española, que con tanto acierto ha dibujado el Rey de España, queda una ineludible tarea a medio y largo plazo: la de devolver a todos los españoles, incluidos los vascos y catalanes que llevan decenios sufriendo el lavado de cerebro que sistemáticamente imponen todos los nacionalismos, el orgullo de serlo. Esta larga y como el Rey bien dice compleja historia nuestra, en todo su claroscuro, es una historia de gentes abnegadas y patriotas que merece ser conocida y apreciada en el contexto que siempre recibió la idea y la realidad de España. Un solar libre y solidario en el que caben todos los españoles. Incluso aquellos que no quieren serlo. Corresponde hoy a la institucionalidad española defender a la Nación de los ataques más inmediatos y viciosos y preparar el terreno para que en el futuro cada vez sea menos los que se aferran al becerro mítico de la identidad y de la separación. Nunca fuimos mejores que cuando estuvimos juntos.
Y mientras tanto, ¡que viva el Rey! En estos tiempos de tribulación se lo tiene bien ganado.
Javier Rupérez, EL IMPARCIAL, 21/9/12