Resulta difícil no leer en las palabras del Rey durante la entrega de despachos a la 72 promoción de la carrera judicial un reproche velado al Gobierno.
Aun ciñéndose a la escrupulosa neutralidad política que le corresponde a la Jefatura del Estado, Felipe VI ha insistido en su discurso de este miércoles en la necesidad de una «Justicia independiente», sin la cual «no existiría verdaderamente el concepto de una comunidad política democrática».
En cualquier otra circunstancia, este recordatorio habría sido recibido como una mera formulación protocolaria propia de esta clase de actos.
Pero la reiterada alusión del Rey de la «independencia de la Justicia» como «esencia del Estado de derecho» que «todos han de preservar y respetar» se produce a sólo siete días del fin del plazo para que PSOE y Junts alcancen un acuerdo sobre la Ley de Amnistía.
Especialmente elocuente ha sido su afirmación de que «la función de juzgar y ejecutar lo juzgado ─atribuida en exclusiva a un poder del Estado independiente y plenamente separado de los demás poderes» es «condición indispensable en una democracia».
Porque, como han señalado numerosos juristas (desde los letrados del Congreso a los expertos reunidos en la presentación de este martes), la Ley de Amnistía amenaza el principio de separación de poderes al invadir la potestad jurisdiccional sin que lo ampare la Constitución.
Tampoco ha sido ni mucho menos baladí la defensa de Felipe VI del «respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales». Porque lo que representa en esencia la amnistía es una desautorización política de las sentencias de los tribunales que condenaron o investigan a los responsables del procés.
No son las únicas sentencias que, de facto, incumple el Gobierno, maniatado por la connivencia con el separatismo. Como ha recordado la misión europea que visitó Cataluña en diciembre para examinar la inmersión lingüística, la Generalitat (amparada por Moncloa) sigue desoyendo las sentencias que fijan el mínimo del 25% de enseñanza en castellano.
La exigencia de Felipe VI de «respeto» para la judicatura puede hacerse extensible a los reiterados ataques por parte de los socios del Gobierno que están sufriendo, en sede parlamentaria, los magistrados instructores de las causas contra los separatistas. Un señalamiento al que han llegado a sumarse ministros como Teresa Ribera, al acusar de lawfare al juez García-Castellón.
Tampoco se puede desvincular del contexto de la fase final de la negociación de la amnistía la llamada del Rey a «asegurar la eficacia y la aplicación del Derecho Comunitario, así como el respeto hacia los valores en los que se fundamenta la Unión».
La mención explícita a los «jueces europeos», y la advertencia de que «las instituciones europeas estarán atentas a vuestro desempeño», dejan poco margen a la duda: se colige que el Rey está invitando a los magistrados a dar la batalla en el TJUE si se cruza la línea roja del respeto al derecho de la Unión.
Después de la resolución del pasado jueves (en la que la Eurocámara mostraba su preocupación por las conexiones entre Puigdemont y el Kremlin, y por el borrado a la carta de los delitos), el Gobierno queda obligado políticamente a no contravenir esta proclamación solemne del principio de igualdad y el Estado de derecho, fundacionales de la UE, a riesgo de dar pie a un choque frontal con Bruselas.
Atender a la exigencia de incluir en la amnistía los delitos de terrorismo y alta traición supondría que la ley no pasaría el filtro europeo. Pero si cumple con Bruselas, Junts volvería a tumbar la amnistía, y con ella los Presupuestos y la legislatura.
El mismo día en que Felipe VI ha salido en amparo de los jueces, PSOE y Junts han reactivado la negociación para la Ley de Amnistía, con el compromiso de Bolaños de alcanzar un acuerdo que «incluya a todos» y «no deje a nadie fuera», y con la negativa de Junts a moverse de la postura que hizo caer la proposición de ley el mes pasado.
Por eso adquiere aún más importancia el discurso del Rey, y su énfasis en señalar que «los jueces son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley». Un valor que se acrecienta por el hecho de haber sido pronunciado desde Barcelona, adonde el Gobierno no le permitió acudir hace cuatro años pretextando motivos de seguridad».