Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 30/12/11
Como cualquier otro ciudadano, Iñaki Urdangarin está amparado por la presunción de inocencia pese a haber sido imputado por malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración y prevaricación. Pero, como para cualquier otro ciudadano, tan graves imputaciones suponen un durísimo golpe para el interesado, que sería temerario que la Casa Real desconociera.
Y es que ver al yerno del rey sentado en el banquillo, como consecuencia de la presunta comisión de una amplia gama de delitos económicos, que dejan la credibilidad ética y moral del imputado por los suelos, será, además del colmo del espectáculo morboso para todos los majaderos que en este país viven del escándalo, la prueba más delicada que la monarquía española ha tenido que soportar desde su restauración.
Iñaki Urdangarin es, sin duda, un hombre público, pero al contrario de los políticos que comparten con él tal condición, esta no le viene al ex jugador de balonmano ni de la elección popular ni del nombramiento partidista. Urdangarin es un hombre público por la única y sencillísima razón de que está casado con una hija del jefe del Estado. Ese y no otro es el motivo por el que el escandalazo que, con su mala cabeza y malas amistades, Urdangarin ha provocado no puede pararlo él mismo dimitiendo o renunciando a una condición de la que carece en absoluto.
Para decirlo más claro todavía: Iñaki Urdangarin solo podría «dimitir», en realidad, de su «puesto» de marido de la infanta Cristina, asunto ese que, como es obvio, pertenece exclusivamente a su vida privada y a la de su mujer.
Por eso, porque el imputado nada puede hacer por sí mismo, salvo cumplir con su inexcusable obligación de colaborar con la Justicia, es por lo que todas las decisiones que la muy seria crisis institucional que Urdangarin ha provocado debe tomarlas la Corona, que se ha visto metida en un lío que nadie en la Casa del Rey supo evitar cuando debería haberlo hecho.
La duda es si las dos iniciativas tomadas hasta ahora -apartar a Urdangarin de todos los actos oficiales y proclamar de forma solemne, como lo hizo el rey en su Mensaje de Navidad, ante millones de personas, que la Justicia no puede ni debe hacer distingos- serán suficientes si la imputación de Urdangarin acaba en una condena hoy bastante previsible o si, por el contrario, ha llegado el momento de adoptar la única resolución simbólica que podría reducir el escándalo solo al de un familiar que, como es evidente, ni el rey ni el príncipe heredero han escogido: hablo, como ustedes ya se habrán imaginado, de la renuncia de la infanta Cristina a sus derechos sucesorios. Soy plenamente consciente de que tal opción es muy penosa para el rey, pero también de que si se adopta demasiado tarde es más que probable que no sirva para nada.
Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 30/12/11