Hay un campo abierto a la diversidad de lecturas interesadas sobre el mensaje navideño de Felipe VI. Por un lado, los objetores de la monarquía (Mayoral, Errejón, Rufián: socios de Sánchez, dentro y fuera del Gobierno) que lo censuran disparando por elevación contra la Corona. Por otro, quienes desde su propia posición política o ideológica se esfuerzan en ver únicamente una regañina al adversario. Al partido que gobierna o, en su caso, al que quiere gobernar. 

Es buena señal que el PSOE y el PP se sientan interpelados y coincidan en la necesidad de «reflexionar de forma constructiva» para fortalecer las instituciones públicas. «Tenemos un jefe de Estado muy consciente de las preocupaciones que afectan a los ciudadanos», en palabras de Cristina Narbona. Amén. Pero ayer la presidenta del PSOE nos hizo echar de menos una reacción similar en boca de Pedro Sánchez. 

No hay vaguedad en este mensaje navideño. Tampoco la hubo en el de 2014 respecto al caso Urdangarin 

Un tercer estado de opinión tiende a relacionar la palabra del Rey con el discurso de la nada. Incluyo aquí a quienes, a uno y otro lado de la barricada, se sienten decepcionados por la neutralidad del mensaje. Lo encuentran «repleto de vaguedades» (dicen en Podemos). No soportan la falta de alineamiento del jefe del Estado en un conflicto institucional tan explícito como el desencadenado entre PSOE y PP por el control de la mayoría en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. 

En esta trama de intereses partidistas, el Rey ha recordado que las instituciones, incluidos los partidos, dejan de estar al servicio de los intereses generales si no son ejemplo de integridad, rectitud y respeto a las leyes. Es una clara advertencia frente a eventuales procesos de deterioro institucional. 

No hay vaguedad en este mensaje navideño. Tampoco la hubo en el de 2014 respecto al caso Urdangarin. Ni en el clarinazo del 3 de octubre de 2017 respecto a la indolencia de los poderes del Estado ante el desafío secesionista en Cataluña. O en el mensaje del año pasado respecto a su propio padre, el Rey emérito.

Caminar sobre el alambre de la neutralidad consiste en eludir señalamientos de responsables determinados de un conflicto entre poderes del Estado. Pero eso decae si está en juego la defensa de la Constitución. Cuando se trata de prevenir males mayores en el desgaste institucional y el deterioro de la convivencia entre los españoles, no hay neutralidad que valga. 

Sostengo que lo del sábado por la noche no fue ni mucho menos un discurso complaciente con una clase política malversadora del espíritu de nuestra Carta Magna. Felipe VI no confundió en absoluto la erosión institucional con un fenómeno meteorológico, como dicen en Podemos, cuyos dirigentes, tal vez secundados por el estado mayor de Sánchez, hubieran preferido que el monarca endosara el pecado a una estrategia de la derecha.

Lo que no puede ni debe hacer el jefe del Estado es desbordar el marco legal impuesto a sus actos que, en todo caso, han de estar refrendados «por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes» (artículo 64 de la Constitución). No sé con qué grado de adhesión al texto del mensaje, ni si son ciertos los rumoreados cambios sugeridos por la Moncloa. Pero también en esta ocasión el mensaje ha estado debidamente refrendado por un Gobierno feliz con las referencias a nuestra posición europeísta en la guerra de Ucrania, la pasada cumbre de la OTAN y el venidero semestre de presidencia española de la UE. 

No estoy tan seguro de que en el entorno de Sánchez hayan recibido con el mismo entusiasmo las apelaciones del Rey a la concordia de los actores políticos como el mejor resorte de la paz institucional que se echa de menos a raíz de las recientes averías en el «funcionamiento regular de las instituciones» que el Rey está obligado a moderar.