El Rey y Sánchez, en Cataluña (y nadie espera a Puigdemont)

La presencia del Rey y del presidente del Gobierno en Barcelona para inaugurar el salón del automóvil va a ser relativamente plácida. Allí y en toda España, la impresión general —la jurídica y la política— es que Carles Puigdemont puede someterse a algún trámite ‘molesto’ en Cerdeña, pero con la casi seguridad de que quedará en la misma situación en que estaba antes de ser detenido: a la espera de la resolución del Tribunal de UE sobre la cuestión prejudicial interpuesta por el magistrado Llarena para la correcta interpretación de la euroorden en Bélgica y con la cobertura necesaria para poder moverse a la sede francesa del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Este no es el criterio ni de Pablo Llanera ni de la Sala Segunda del Supremo, que entienden que el político catalán ha perdido la inmunidad y no descartan, por eso, que los jueces italianos, tras recibir las aclaraciones del magistrado instructor a través de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial (Eurojust), entren en el fondo de la cuestión. En ese organismo de colaboración, España cuenta con el magistrado José de la Mata, nombrado por el actual Gobierno en noviembre del pasado año. 

No siempre Pablo Iglesias emite opiniones excéntricas. Por ejemplo, acierta al asegurar que los jueces españoles son diligentes en actuar a instancias de las euroórdenes favoreciendo la rápida entrega de mafiosos y narcotraficantes cuando son reclamados por Italia. Sin embargo, de ahí a suponer que el llamado ‘Estado profundo’ aparece tras la detención de Puigdemont por la connivencia agradecida de policías y jueces italianos va un trecho que el exlíder morado salta con demasiada facilidad. Ocurre que el Estado español, aunque es resistente y padece una mala salud de hierro, no se comporta de manera suficientemente sólida y coordinada. Ante el Tribunal de Luxemburgo, a propósito de la cuestión prejudicial que terminará por aclarar los criterios para abordar la euroorden contra Puigdemont en Bélgica, parece evidente que se produjo un error de la Abogacía del Estado al formular una opinión errónea sobre la suspensión de la orden de detención y entrega del expresidente catalán porque carecía de competencia para ello. Fuentes del Supremo no atribuyen “intencionalidad torticera” a la Abogacía del Estado ante el Tribunal General de la Unión Europea, tal y como se ha deslizado en algunos medios.

En la duda, es realista suponer que los jueces italianos se inclinen por quitarse de encima una decisión de mucho alcance como sería la tramitación con todos los sacramentos procesales (el examen de la doble incriminación de los delitos que se le atribuyen desde España y su correlato en el Código Penal italiano) de la extradición de Puigdemont. Aunque, como se dice en el ámbito de la abogacía, un pleito se sabe cómo empieza, pero nunca cómo termina. 

No obstante, el ambiente más relajado que se registra en instancias políticas permite suponer que se ha interiorizado que la entrega de Puigdemont tendrá que esperar. De ahí que la visita de Felipe VI y Pedro Sánchez a la capital de Cataluña, de nuevo sin el acompañamiento del anfitrión natural de ambos, Pere Aragonès, presidente de la Generalitat y representante ordinario del Estado en Cataluña, se afronte sin demasiadas tensiones. Incluso a pesar de que el Consejo de Ministros descartó incluir el pasado martes en el plan DORA 2022-2026 (documento de regulación aeroportuaria) la inversión de 1.700 millones de euros en el aeropuerto de El Prat, lo que ha causado una enorme contrariedad al empresariado catalán y desagrado mayoritario en la opinión pública a tenor de la encuesta que publicó ‘La Vanguardia’ el pasado lunes, según la cual solo uno de cada cuatro ciudadanos de Cataluña respaldaba el rechazo a tan suculenta inversión.

El efecto agitador de la detención de Puigdemont en Italia —con la gesticulación poco convincente de ERC— se repetirá el 4 de octubre y días siguientes si el trámite se dilata más allá de una jornada, pero los republicanos y Pedro Sánchez han blindado su relación: Illa daría asistencia a Aragonès si lo necesitase en el Parlamento catalán y Rufián no se alineará con Junts en el Congreso de los Diputados cuando llegue la hora de votar los Presupuestos Generales del Estado. Mientras, los unos y los otros, mantendrán formalmente la mesa de diálogo. “Sin prisa, sin pausa y sin plazos” fue la consigna de Sánchez y de Aragonès, y resultó una fórmula lo suficientemente laxa en su interpretación como para meter en el cajón la traída y llevada mesa y sacarla de él cuando convenga en función de las circunstancias. 

A subrayar que el Rey sigue impertérrito cumpliendo con su obligación de estar siempre al pespunte de los intereses económicos catalanes. Volverá en noviembre para la entrega de los despachos a los nuevos jueces en la Escuela Judicial de Barcelona, y el presidente del Gobierno no opondrá esta vez reparo alguno. Es bueno para España que, sea cual fuere su presidente de Gobierno, siempre legítimo como es el caso, el jefe del Estado aparezca al alimón como símbolo de su integridad y permanencia y como instancia que absorbe todas las representaciones de la pluralidad de España. Arrostrando, como ha debido hacer Felipe VI, la hostilidad independentista y en momentos delicados como el actual —otros han sido peores—, en los prolegómenos de la cuestión Puigdemont en Italia e inmediatamente después del derrumbado y fugaz ‘pacto de El Prat’, que pudo haber sido una gran ocasión para empujar la economía y el empleo en la Ciudad Condal y en el conjunto de Cataluña.