Editorial, LIBERTAD DIGITAL, 22/6/11
Nada terminaría por deteriorar más la ya de por sí desacreditada imagen de España en el exterior que si el Congreso se dedicara a tomar en consideración las disparatadas, ruinosas y contradictorias propuestas de este grupo de «okupas urbanos» del 15-M.
Nada terminaría por deteriorar más la ya de por sí desacreditada imagen que tiene la situación política y económica de España en el exterior que el Congreso de los Diputados se dedicara a tomar en consideración las disparatadas, ruinosas y contradictorias propuestas de este grupo de «okupas urbanos» conocidos por el 15-M, tal como algunos han querido interpretar del hecho de que el Congreso haya acordado este martes instar al Gobierno la tramitación urgente del proyecto de ley de información pública, así como la no menos prevista reforma de la legislación sobre partidos políticos.
Aunque ambas iniciativas legislativas sean coincidentes con las pocas propuestas sensatas que hayan hecho los partidarios del 15-M, lo cierto es que tanto la destinada a impulsar la trasparencia y el control de las instituciones, como la destinada a prohibir las donaciones a partidos políticos son iniciativas muy plausibles y muy anteriores a la irrupción del movimiento del 15-M.
Sin pretender, pues, ponernos la venda antes que la herida, no podemos, sin embargo, dejar de advertir del riesgo cierto de que el parlamento termine por tomar en consideración muchas otras propuestas, bastante más funestas, de estos autodenominados indignados. Y lo decimos porque el propio representante de ERC, Joan Ridao, impulsor de estas iniciativas que el parlamento tenía aparcadas desde abril, ha querido tratar de hacer una lectura en ese sentido al decir que «ahora hace falta más política que nunca, y no hay nada malo en que el parlamento escuche este aldabonazo crítico», en referencia a las manifestaciones del 15-M. Eso, por no hablar de la no menos irresponsable complacencia que el PSOE viene brindando a este movimiento, tan frecuentemente delictivo en sus formas como disparatado y contraproducente en el fondo. Ahí está, como recientes botones de muestra, la conocida pretensión de Tomás Gómez de que el parlamento autonómico madrileño diese interlocución a los miembros de este movimiento o la más reciente reunión que ha mantenido con ellos la dirigente socialista Elena Valenciano.
Si la izquierda, en general, y el PSOE en particular, quieren escuchar «aldabonazos críticos» ya podrían hacerlo con el que los ciudadanos les han propinado en las urnas el pasado 22 de mayo. Que convoquen elecciones generales y que los ciudadanos decidan en las urnas cuál es la política que quieren respaldar. Ya que el Gobierno se resiste a escuchar ese veredicto de las urnas, podría hacer al menos caso de las recomendaciones del FMI o del Banco de España, organismos que, con todos sus defectos, son mucho más dignos de crédito que estos indignados «okupa plazas» que aspiran a ser okupa congresos.
Sería indignante que, mientras el FMI insta a nuestro Gobierno a que apruebe una reforma laboral «valiente», o mientras el Banco de España le reclama que sea estricto con la deuda de las autonomías, nuestro Congreso se dedicara, aunque sólo fuera en apariencia, a estudiar si toma en consideración las propuestas de quienes, en realidad, sólo están indignados con la democracia.
Editorial, LIBERTAD DIGITAL, 22/6/11