El Correo-ANTONIO PAPELL
Si no se forma Gobierno, quien sea juzgado culpable del fracaso lo pagará en votos
En mayo de 1981, cuando ya se atisbaba que Felipe González accedería a La Moncloa, Mitterrand ganó la Presidencia de Francia y nombró un Gobierno encabezado por Pierre Mauroy que incluía cuatro ministros comunistas. González no se dejó impresionar en 1982, cuando consiguió su gran mayoría absoluta, y sus relaciones con el PCE continuaron inexistentes. Mitterrand acabó reconociendo su error y rompió pronto aquella alianza ineficiente.
La enemistad entre el PSOE y el PCE es antigua. Hunde sus raíces en la táctica «clase contra clase» que la Internacional Comunista puso en marcha en 1928 al definir la socialdemocracia como «ala izquierda del fascismo» y enemigo principal de comunismo. Ello explica que el PSOE, cuando ha necesitado apoyos, los ha buscado en el nacionalismo periférico, y que IU cayera a veces en la tentación de formar ‘pinza’ con el PP para estrangular al PSOE. Además, en la etapa democrática, no hay tradición en coaliciones, quizá porque el Consejo de Ministros no es un órgano colegiado ya que el presidente del Gobierno, que nombra libremente a sus miembros, posee todo el poder ejecutivo.
Dicho esto, es evidente que con los resultados del 28-A, PSOE y Unidas Podemos, que suman 165 escaños, podrían formar Gobierno con facilidad (cualquier otra fórmula sería una entelequia). Por ello, lo lógico, al menos en abstracto, es que dos partidos contiguos ideológicamente y con un acervo doctrinario en buena parte coincidente (fueron capaces de preparar el último proyecto de Presupuestos del Estado) se esfuercen en aliarse, cumpliendo así el mandato popular. Pero, de momento, el primer intento de investidura ha fracasado porque Pablo Iglesias ha considerado insuficiente la cuota de poder que Pedro Sánchez le ofrecía (una vicepresidencia y tres carteras ministeriales).
La evidencia de que el resultado electoral presiona sobre los partidos para que cumplan el mandato recibido ha planeado sobre todos los contactos que acaba de mantener el líder del PSOE: feministas, ecologistas, investigadores, agentes sociales… creen que es urgente un acuerdo para gobernar. Y, con seguridad, la opinión pública piensa lo mismo. De donde se desprende que si no se consigue el acuerdo y hay nuevas elecciones, quien sea considerado responsable del fracaso tendrá que pagar un precio en votos. Todo indica –y las encuestas afirman– que, por ahora, las culpas recaerían mucho más sobre Iglesias que sobre Sánchez, pero estamos ante una decisión subjetiva del electorado, que no ofrece garantía ni certeza alguna.
Si los partidos que pueden evitar unas elecciones acaban provocándolas, se abrirá un gran interrogante cuyo desenlace dependerá de quién construya mejor el relato respectivo, del grado de irritación de la ciudadanía y de la desmovilización de una izquierda que ha tocado el poder con la punta de los dedos y que una vez más ha visto frustradas sus expectativas.