Ayer fue un día de calor sahariano en toda España pero sobre el sanchismo descargó una fuerte tormenta. Mejor dicho, dos. La primera, con gran aparato eléctrico-mediático, fue el auto judicial que puso a Santos Cerdán caminito de la trena. La segunda, la devolución del caso del ‘hermanísimo’ a la jueza Biedma tras considerar el Tribunal Superior de Extremadura, en impecable ejercicio de independencia, que el aforamiento exprés del contratante Gallardo fue un fraude de ley, una «manipulación apresurada y torticera». Ambos reveses eran bastante previsibles aunque el encarcelamiento del excapataz del PSOE fuese recibido por el interesado con desconsolada sorpresa. Quizá no calibró que presentarse ante el Supremo como víctima de una persecución «por ser progresista» podía tratarse de una mala idea por mucho que su abogado, el independentista Benet Salellas, ya hubiera utilizado con los reos del ‘procès’ la misma línea de defensa… con consecuencias idénticas.

Que Cerdán se proclamase «arquitecto de la investidura» ante el instructor y el fiscal no tiene el más mínimo efecto penal, como pretende denunciar el nuevo recluso, pero sí político. Y bien negativo porque la declaración certifica que su jefe escogió como negociador con Puigdemont y Otegi al jefe de una organización criminal sospechosa –por «notabilísimos indicios»– de haber cometido graves delitos. Lógico, por otra parte: quién mejor que un presunto delincuente para entenderse con Junts y con Bildu. El problema consiste en que esa elección señala a Sánchez en vez de eximirlo, y además refuerza el carácter ilegítimo de una reelección armada sobre la mentira y el latrocinio. La trama corrupta necesitaba gobernar para continuar con sus negocios ilícitos, y ese interés la conecta con el Ejecutivo y el partido a través de un hilo de beneficios recíprocos. El poder era el instrumento clave para hacer funcionar el mecanismo de lucro extractivo.

Va costar, pues, construir cortafuegos, por más que se esfuerce en ello María Jesús Montero. No sólo porque el presidente ya tiene su Bárcenas y habrá que ver hasta dónde y hasta cuándo está dispuesto a guardar silencio, sino porque el dirigente recién preso estaba bajo su mando directo y además fue confirmado en el último congreso, cuando ya se conocía la investigación de que era objeto. La teoría de los tres golfos –cuatro, decían respecto a los ERE– tiene un recorrido poco duradero; es un recurso desesperado para mantener provisionalmente la moral de los votantes irredentos pero se desplomará a medida que avance el proceso. Y Koldo y Ábalos saben ahora el riesgo de tomarle el pelo al Supremo. Ya no hay margen para estrategias, si acaso para tácticas de corto vuelo. Habrá mucho ruido, mucha crispación y algún golpe de efecto. Pero esta legislatura ya sólo es una carrera contra el tiempo que la Justicia tarde en formular un relato de hechos.