LIBERTAD DIGITAL 18/05/17
· El PP, que se reúne este jueves con el ministro Méndez de Vigo para pedir amparo, denuncia la vulneración de derechos de los padres en Valencia.
Miles de padres, alumnos y docentes unieron sus fuerzas el pasado 6 de mayo en las calles de Valencia en contra del decreto que la consejería que dirige Vicent Marzà llevará a cabo para el próximo curso escolar. Dos son las cuestiones espinosas que tienen soliviantada a la comunidad educativa valenciana: la supresión de los conciertos y la cuestión de la lengua.
No es la primera marcha. Hubo otra justo hace un año más multitudinaria incluso que ésta. El motivo, pretendían eliminar en Primaria 46 unidades (aulas) y «sólo la presión de los padres, en mayo de 2016 y las elecciones generales de junio de 2016, donde Compromís y Podemos perdieron 190.000 votos en menos de un año», consiguieron que sólo se redujeran 11 unidades en toda la Comunidad Valenciana, explicó la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig.
Pero el siguiente paso será el curso que viene, donde han empezado ya los recortes en los conciertos en Bachillerato. «Las unidades que han sido suprimidas en primero de Bachillerato han sido 30 en toda la Comunidad Valenciana». Esto afecta a más de 1.200 alumnos, un 14%. «Actualmente hay 437 unidades en toda la comunidad de conciertos en primero y en segundo y el año que viene habrá 407. «¿Esto obedece a un criterio técnico y objetivo? No: no se han dado nuevos conciertos a colegios que reunían todos los requisitos y, además, esta supresión no ha tenido en cuenta la demanda social. Es más, en muchos colegios donde había fuerte demanda social se han suprimido aulas de primero de concierto por lo que estás taponando que toda esa gente que no entra en el sistema pueda pasar a segundo de Bachillerato», explicó la dirigente popular en un encuentro informal con periodistas en la sede de la calle Génova.
· «Si yo quito unidades de Primaria, empiezo este año con 30 unidades suprimidas de primero de Bachillerato, y después ya no pasan, hago una especie de sándwich a la concertada, la tapono por arriba y por abajo», ejemplificó Bonig.
Las escuelas infantiles y el distrito único
Además, el Gobierno del socialista Ximo Puig está creando aulas para niños de Infantil y de Primaria en los colegios públicos que no reúnen los requisitos que se les exigen a las escuelas infantiles privadas y donde el profesorado no está especializado. Esto está perjudicando claramente, a juicio del PP, a las 615 escuelas infantiles privadas que había en la Comunidad Valenciana, que dan trabajo a 5.000 personas. Y es que los padres que escolaricen a sus hijos en estas nuevas aulas de los centros públicos, cuando tengan que inscribirlos en la siguiente etapa será un proceso automático: no tienen que pasar la baremación, presentar la documentación… «Sin embargo, en las concertadas no les dejan crear ese aula y además si quieren llevar a su hijo de 3 años a la concertada tienen que pasar la baremación y tienen que presentar la documentación con lo cual es un handicap más para las familias», señaló Bonig.
El primer año crearon 69 y hoy desde la consejería se ha anunciado 96 aulas más con un total de 1.728 plazas. «Con lo cual las escuelas infantiles, y para las que existía el bono infantil, están abocadas a cerrar», a pesar de enorme inversión realizada por muchas de ellas.
También se ve afectado el distrito único que introdujo el PP y que permitía que los padres pudieran elegir el centro al que querían llevar a sus hijos. Con los gobiernos populares, «casi el 94% de las familias llevaban a sus hijos a la primera opción elegida. La medida ha hecho que desaparezca el distrito único y que vuelva la zonificación, por lo tanto, los padres sólo pueden llevar a sus hijos a los colegios donde estén. El año pasado fueron 10.000 familias las que no pudieron llevar a sus hijos al centro que eligieron como primera opción. Este año se prevé otra cantidad igual o mayor».
Los datos
En la Comunidad Valenciana hay aproximadamente 250.000 familias afectadas, que llevan a sus hijos a la escuela concertada. 228.000 alumnos en centros concertados y privados. El 70%, más o menos, está en la educación pública y el 30% entre educación privada y concertada. «Somos la décima comunidad en número de alumnos en la concertada. Esa es una realidad». De los 2.700 colegios e institutos que existen en la Comunidad Valenciana, 1.692 son públicos, 427 privados y 576 concertados. La concertada está dando trabajo a 19.300 personas. Anualmente sólo el 2% de las plazas en la concertada se quedan vacantes frente a un 25% en la pública. Sólo en la ciudad de Valencia 600 familias se quedan sin poder llevar a sus hijos a un colegio concertado porque no hay oferta o porque está todo saturado.
El «chantaje lingüístico»
Pero si hay algo que está «incendiando» a los valencianos es el decreto del plurilingüismo. Ha sido recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia por la Diputación de Alicante, por el PP, por la Plataforma de los Derechos del Castellano y por muchas otras asociaciones y padres. Y es que el consejero de Educación, Vicent Marzà (Compromìs) «hace algo maquiavélico«: como es consciente de que no puede implantar la inmersión lingüística porque sabe que «se la van a tumbar» ofrece un «caramelo a los padres para imponer el valenciano».
El sistema quedaría estructurado más o menos de la siguiente manera: habría seis niveles de inglés. Los padres que quieran que su hijo vaya al colegio en donde se oferte el nivel más alto de este idioma, y que cuando finalice los estudios el centro lo certifique, tendrán que escoger la línea del valenciano. En cambio, si se decantan por la del castellano su hijo tendrá menos horas de inglés, de peor calidad y el centro no estará habilitado para certificar su capacidad lingüística.
Serán los colegios los que decidan en qué nivel quieren situarse. Obviamente, cabe prever que la mayoría optará por el más alto. Será el consenso de dos tercios del consejo escolar el que lo decida. Si no hay cuórum, la decisión recaerá en la propia consejería de Marzà. «Eso es el chantaje lingüístico. Cualquier padre -en una Comunidad Valenciana donde el 14% del PIB depende del turismo, una comunidad donde todas las empresas exportadoras exigen como mínimo el inglés- quiere escoger la línea más alta de inglés, cogiendo las lineas en valenciano, que es más de lo que existe ahora. Llegamos prácticamente a la inmersión de valenciano», denuncian desde el PP. Pero es que además las evaluaciones diagnósticas, «solo evalúan el valenciano, no el inglés».
· «De un plumazo, han reconvertido más del 50% de los centros en la Comunidad Valenciana en centros de línea exclusivamente valenciana». Isabel Bonig lo tiene claro: «es seguir la hoja de ruta que en se empezó en Cataluña hace 20 años».
De momento, desde el Ministerio de Educación se han limitado a enviar una carta a la consejería valenciana advirtiendo de que el decreto podía vulnerar derechos constitucionales así como la ley orgánica de educación. No obstante, la propia Bonig se entrevista este jueves con Íñigo Méndez de Vigo para solicitar amparo ante estas políticas educativas.
«Control de la escuela pública» y «adoctrinamiento»
«Un partido como Compromís es un partido nacionalista que tiene una hoja diseñada perfectamente de control de la escuela pública y de eliminación de cualquier alternativa de la escuela pública. Por eso fue un caballo de batalla, en las negociaciones del Pacto del Botánico, el que Compromís asumiese la consejería de Educación, algo a lo que se plegó el PSOE. Al presidente Puig le ofrecimos ya en febrero de 2016 un pacto, un apoyo para que se sintiese libre de las ataduras de Compromís y presentamos un acuerdo en materia educativa», pero sin éxito, recuerda la presidenta del PP valenciano. «Yo vuelvo a reiterar ese pacto sin pedir nada a cambio».
«No estamos hablando de ricos y pobres o de escuela pública vs escuela concertada o privada, sino de un derecho que reconoce la Constitución y que el Gobierno de los señores (Ximo) Puig y (Mónica) Oltra están atacando. Hay un adoctrinamiento claro en las aulas. El último informe del Defensor del Pueblo valenciano establecía que, en el 2016, el 37% de las quejas presentadas hacían referencia a educación exclusivamente, más de 5.000 quejas en materia educativa». El PP ya ha presentado también una iniciativa en las Cortes Valencianas para que se revisen los contenidos de los libros de texto para que estos respeten algo tan básico como el Estatuto de autonomía: «la lengua oficial es el valenciano, no el catalán y no se puede hablar de Països Catalans». Así lo denuncia también la Plataforma Valencianista.