Pedro Sánchez ha instituido en el Tribunal Constitucional un ‘negreirato’, un sistema de arbitraje parcial que revoca sentencias adversas al Gobierno mediante un automatismo mayoritario de siete votos contra cuatro. En la revisión de los recursos de los ERE andaluces participa un magistrado que ejerció en la Junta –dos veces– como alto cargo, y una ponente condecorada en su día por Griñán, el expresidente condenado. Ninguno de ellos se abstuvo en los dos expedientes fallados hasta ahora –el del exconsejero Viera fue dictaminado en su contra por falta de motivación razonada en el escrito de defensa–, ni lo hará en el resto de los que quedan. Bajo la batuta de Conde Pumpido, la Corte de Garantías se ha convertido en una instancia de apelación cuya jurisprudencia va creando un corpus jurídico que enmienda la Constitución por la puerta trasera y desautoriza la doctrina penal de la Sala presidida por Manuel Marchena, con quien el antiguo fiscal del Estado mantiene desde hace años una disonancia profesional manifiesta.

Así, un grupo de juristas designados por afinidad político-ideológica revoca los veredictos del Supremo atribuyéndose una prerrogativa jurisdiccional que va mucho más lejos de su función de resolver dudas normativas, dirimir conflictos de competencias institucionales y amparar derechos. En el caso de los ERE, se ha arrogado la potestad de absolver delitos ya juzgados a modo de indulto encubierto. En torno a la prevaricación en proyectos legislativos existe una controversia razonable anticipada ya en los votos particulares de los correspondientes tribunales, pero cuando lleguen los recursos sobre condenas por malversación, que acarrean penas de cárcel, el debate se volverá –como el de la aplicación de la amnistía a los independentistas catalanes– más espinoso y más grave. Setecientos millones de euros distribuidos por cauces irregulares conforman un descomunal episodio de fraude con responsabilidades difícilmente excusables.

Al sanchismo, sin embargo, le basta con el reciente fallo para lanzarse a corroborar su manido relato de la persecución judicial y la máquina de fango. Ya empezó cuando el presidente presentó a Magdalena Álvarez como víctima de un desafuero arbitrario, adelantando una resolución que sólo podía conocer por filtración de algún ‘negreira’ emboscado. Se viene una operación propagandística de encalado del mayor escándalo de corrupción de todo el período democrático, un gigantesco desfalco subvencional urdido con afán de lucro político y ejecutado al margen de cualquier trámite de control presupuestario. Estamos a un paso de asistir a la bendición legal del saqueo como herramienta redistributiva al servicio del progreso. El poder ejecutivo puede estar satisfecho: ha logrado que sea el TC el que suministre el detergente para el blanqueo a costa de sufrir un nuevo menoscabo de su ya menguado crédito.