ABC 27/07/17
EDITORIAL
LA mayoría separatista del Parlamento catalán aprobó ayer una modificación de su reglamento que, en esencia, convierte a la Cámara representativa de todos los catalanes en una simple servidumbre de paso del proceso independentista. La reforma permite a Junts pel Sí y la CUP aprobar mediante lectura única –trámite abreviado que hasta ayer exigía unanimidad de los grupos parlamentarios– los proyectos de ley con los que pretenderían desarrollar la separación de Cataluña. Los procedimientos que aprueben estas leyes exprés serán muy cortos y restringirán el derecho de la oposición a enmendarlas. Con el nuevo reglamento, el separatismo asesta a la democracia catalana un golpe de gracia, anula la esencia parlamentaria de la Cámara y demuestra que no hay principio democrático que resista su ofuscación separatista.
La impugnación de esta reforma por el Gobierno garantiza que será suspendida de forma inmediata por el Tribunal Constitucional, pero los mensajes de insumisión que emite el nacionalismo desbordan la capacidad de contención que ofrece la Justicia, porque el origen del problema sigue siendo el uso ilegítimo de las competencias autonómicas. No se puede aceptar este juego permanente del ratón y el gato, que hace que el Gobierno siempre vaya por detrás de los acontecimientos y dependiendo de lo que otros decidan. Afirmar con insistencia que no habrá referéndum no está evitando la licitación de sobres y papeletas para el referéndum, la compra de urnas y, desde ayer, la anulación del Parlamento catalán y su transformación en una asamblea separatista. No es solo la Constitución lo que está siendo derogado en Cataluña, sino la democracia parlamentaria y el núcleo del Estatuto de 2006, formado por el Parlamento catalán.