ABC 02/12/16
EDITORIAL
· El separatismo ya no cree en la bondad de fórmulas retóricas como las planteadas en el pasado por el PSOE para lograr el imposible de contentar a todos
LA reforma de la Constitución no debe ser un tabú de nuestra democracia. Ninguna ley es inamovible y es aconsejable que las normas se adapten a la sociedad. Desde esa perspectiva, el ofrecimiento hecho por el PP al PSOE para revisar los errores y defectos detectados en casi cuarenta años de régimen autonómico tiene la lógica de intentar superar los conflictos, abusos y desigualdades que han planteado su propia complejidad organizativa y el independentismo catalán. La Constitución fue el instrumento perfecto para convertir a España en un referente democrático y en un modelo cívico, político y jurídico tras una dictadura. Por eso, la base de una Carta Magna que ha dado a España tanta prosperidad y madurez debe seguir siendo la misma, aunque es lógico sostener que merecerá ser actualizada si esa reclamación se convierte en una exigencia ciudadana mayoritaria para que no quede desfasada. Abierto formalmente el debate, es digna de elogio la disposición que muestran PP y PSOE a negociar modificaciones y alcanzar un acuerdo, como lo es que ayer acercasen posturas para avalar conjuntamente el techo de gasto para 2017. Cosa distinta es que esa reforma constitucional sirviese –y es impensable– para alterar la arquitectura territorial y satisfacer a los secesionistas. Muy al contrario, cualquier hipotética modificación debería contemplar la unidad de España como límite insuperable. Ningún interés político coyuntural, ni siquiera un intento de modular el chantaje independentista, lo justificaría.
Tampoco es idóneo tomar como referencia la Declaración de Granada realizada por el PSOE en 2013, en la medida en que reconoce la fórmula del Estado federal. Ya ni siquiera esa idea sería aceptada por el nacionalismo como solución a sus ínfulas separatistas. La expectativa de una reforma constitucional es tan ambiciosa como compleja, y de nada servirá si el propósito es hacer concesiones al soberanismo como excusa para una España «plural» en la que algún territorio halle justificación para amenazar con separarse de modo unilateral. Ese es el virus que sigue dañando a un PSOE incapaz de reconocer que su difusa concepción del modelo de Estado, o de la nación, lo aboca a progresivos varapalos electorales. Cualquier intento de retocar la Constitución exige consenso, pero sobre todo una idea previa de cómo garantizar que el Estado autonómico no se diluya en una falsa pluralidad de naciones. El separatismo ya no cree en la bondad de fórmulas retóricas como las planteadas en el pasado por el PSOE para lograr el imposible de contentar a todos. Si el PP y el PSOE acercan posturas, que sea para dar al menos otros 40 años de estabilidad a España, no para maquillar dádivas al separatismo.