El ministro Jáuregui afirma en el pleno que la normativa se «inscribe en el contexto final del terrorismo»
Finalmente, el Senado rechazó las enmiendas de PNV, CiU y Entesa que planteaban, entre otras cosas, reconocer como damnificados del terrorismo a las víctimas del franquismo y de las represiones policiales. UPN, que había propuesto que el texto incluyera la prohibición a los poderes públicos de una negociación con ETA que supusiera el pago de un «precio» a los terroristas, retiró a última hora sus enmiendas en pos del consenso que ya habían alcanzado todos los partidos en el Congreso, de donde la ley salió con los votos a favor de todas las formaciones, a excepción de UPyD.
El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que asistió al debate, no ocultó su alegría por el grado de acuerdo alcanzado para aprobar esta ley y la determinación de todos los partidos por sacar este asunto de la «controversia política». Según dijo, esta nueva normativa que sitúa a las víctimas «en el corazón de la memoria», «se inscribe en un contexto de final del terrorismo».
La nueva norma, que sustituirá a la ley de 1999, había sido una promesa electoral de Rodríguez Zapatero en la primera legislatura. Una de sus novedades más importantes es el nuevo baremo que tratará de terminar con las diferencias económicas entre las víctimas -según medie o no sentencia o la fecha del atentado- y que era una reclamación histórica de las asociaciones. La ley establece las cuantías máximas y mínimas que abonará el Estado cuando los terroristas se declaren insolventes. A estas indemnizaciones podrán acceder todos los damnificados desde 1960, año en que ETA cometió su primer asesinato, aunque nunca lo ha reconocido, el de la niña de 22 meses Begoña Urroz.
Los máximos serán, entre otros, 250.000 euros por fallecimiento o 500.000 por gran invalidez. Si la sentencia estableciese cantidades superiores como compensación la víctima podrá ejercer las acciones civiles que crea convenientes, pero la Administración ya no cubrirá esa diferencia, como ocurre hasta ahora.
La nueva normativa, por su carácter de integral, reconoce a los amenazados como víctimas, abriendo la puerta a que estas personas puedan tener ayudas sociales o sanitarias. Se da luz verde también a que todos los extranjeros que sufran un atentado terrorista en España reciban la ciudadanía por carta de naturaleza.
Uno de los puntos más novedosos en la introducción en la ley de la prohibición de que en los lugares públicos haya cualquier símbolo que sirva para exaltar al terrorismo, lo que facilitará la persecución de los responsables municipales que permitan o toleren este tipo de apología en las calles o plazas.
La norma ordena la creación del Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que tendrá su sede en el País Vasco y fija el día 27 de junio como la jornada oficial de homenaje a los damnificados del terrorismo. Por primera vez, se amplía el concepto de víctima a hermanos, nietos y abuelos de personas que sufrieron atentados y también se da esta consideración a personas que resultaron ilesas en ataques terroristas, aunque en este último caso solo tendrán derecho a un reconocimiento honorífico.
EL CORREO, 21/9/11