Si los populistas tienen mayoría suficiente (caso de Chávez en Venezuela en 1999 y de Víktor Orbán en 2012) aprueban una Constitución a su medida.

Si carecen de tal mayoría (casos de Kaczyński en Polonia, de Duterte en Filipinas, de Bolsonaro en Brasil, de Narendra Modi en India) siguen alguna de las siguientes estrategias.

1. A falta de órganos eficaces y dinámicos que velen por el control de constitucionalidad, la Constitución para los populistas no es más que un trozo de papel cuya capacidad reguladora, como decía Ferdinand Lasalle, no alcanza más allá que adonde alcance su poder.

Sencillamente, cambian la Constitución mediante leyes.

2. Si los populistas llegan al Gobierno en un sistema dotado de un tribunal de garantías constitucionales, intentarán cambiar la Constitución mediante las sentencias.

Para ello suelen adaptar la composición del Tribunal (court-packing o «captura») de forma que sus miembros queden alineados con el programa y las políticas de la actual mayoría. El Tribunal Constitucional deja de ser ese contrapoder necesario en toda democracia liberal para convertirse en órgano auxiliar del Ejecutivo.

«Con la decisión de no presentar a las Cámaras el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno hace caso omiso de la dicción clara y rotunda del artículo 134 de la Constitución»

3. La tercera estrategia seguida por los populistas suele ser el vaciamiento de la Constitución.

Se mantienen los órganos (Parlamento y Poder Judicial, fundamentalmente) pero se reducen sus recursos, se bloquea su funcionamiento, se impide el normal ejercicio de sus competencias o se sustituyen prácticas consolidadas (las leyes no escritas de la democracia parlamentaria) por nuevas prácticas al servicio de la mayoría.

Tal vez el concepto que mejor describa esta última estrategia populista del vaciamiento, que es la que ahora interesa, es el de constitutionality shameless, «descaro constitucional» o «constitucionalidad desvergonzada» como otros sugieren (T. Khaitan, Killing a Constitution with a Thousand Cuts, 2020)

Y, lamentablemente, es el que mejor se acomoda a lo que está haciendo nuestro Gobierno con el Parlamento. Últimamente, en materia presupuestaria.

Con la decisión de no presentar a las Cámaras el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno, en primer lugar, hace caso omiso de la dicción clara y rotunda del artículo 134 de la Constitución.

Si aprobar los Presupuestos es una competencia propia del Legislativo, presentar el proyecto de Presupuestos es un deber constitucional inexcusable del Ejecutivo.

Su incumplimiento supone una inconstitucionalidad (art. 134 CE) y una ilegalidad (art. 37 Ley General Presupuestaria) continuada que sigue cometiendo cada día que pasa sin presentar a las Cortes dicho proyecto.

La explicación de la portavoz del Gobierno según la cual no se presentan para no hacer perder el tiempo a las Cámaras exuda la peor versión del antiparlamentarismo (un lugar para el engaño, un freno a la eficacia de la acción del Gobierno, una pérdida de tiempo).

O, en el mejor de los casos, un desconocimiento, inexcusable en una ministra, sobre el sentido del Parlamento en una democracia parlamentaria.

Es verdad que la prórroga automática de los Presupuestos, por mandato de la Constitución, evita el cierre de la Administración. Pero no enerva la obligación del Gobierno.

Ni condona la inconstitucionalidad que se está cometiendo.

Ni limpia la situación en la que vive a este respecto el Ejecutivo.

A su vez y en segundo lugar, el incumplimiento por el Gobierno de su obligación de presentar el proyecto de Presupuestos hace imposible que las Cortes cumplan con su misión anual de examinar, enmendar y aprobar los Presupuestos Generales. Misión que está en la raíz histórica de los Parlamentos.

Desgraciadamente, sin embargo, no parece haberles importado mucho a nuestros representantes que el Ejecutivo les expropie de su misión. Que sepamos, en estos más de quinientos días que dura esta situación no han encontrado tiempo de recurrir al Tribunal Constitucional, como podrían haber hecho.

Tal vez sea ocioso decir que el respeto que debemos a nuestros representantes exige a su vez que estos se autorrespeten.

«Es difícil entender cómo se puede justificar la nueva y necesaria política de Defensa en base a unos créditos aprobados en 2022 para fines diferentes y por unos diputados de otra Legislatura»

La no presentación del proyecto de Presupuestos y el silencio de las Cámaras ha hecho posible, en tercer lugar, una nueva burla al Parlamento con ocasión del incremento de más de 10.000 millones de euros en los gastos de Defensa. Disponer de miles de millones de euros sin el aval de esta Legislatura, por vía de reasignación de los créditos previstos en unos Presupuestos prorrogados, es otro descaro constitucional.

Es difícil entender cómo se puede justificar la nueva y necesaria política de Defensa en base a unos créditos aprobados en 2022 para fines diferentes y por unos diputados de otra Legislatura.

Aceptar estos procedimientos es sentar el precedente para que en el futuro un eventual Gobierno pueda no presentar el proyecto de Presupuestos en los cuatro años de su mandato. No se cierra el Parlamento, como se haría en las autocracias, pero se le vacía de funciones.

Posiblemente todo ello sea el resultado de la pendiente resbaladiza por la que se lanzó el presidente Sánchez cuando cayó en la tentación de formar lo que Rubalcaba, con su capacidad para los calificativos, llamó «el Gobierno Frankenstein».

Lo que ha ocurrido desde entonces (indultos sin pedir perdón, eliminación del delito de sedición, reforma de la malversación, amnistía, cupos de financiación especial, lawfare, vaciamiento del Parlamento) parece que lo hubiera previsto ya Thomas de Quincey en El asesinato considerado como una de las bellas artes. Tras narrar en la primera parte las discusiones habidas en el seno de la imaginada Sociedad para la Promoción del Asesinato, presentó De Quincey en la segunda parte su conocida tesis sobre la pendiente resbaladiza.

Si un hombre se deja tentar por un asesinato, poco después piensa que el robo no tiene importancia y del robo pasa a la bebida y a no respetar los sábados y de esto se pasa a no cuidar los modales y al abandono de los deberes.

Una vez empezada esta marcha cuesta abajo, nunca se sabe dónde parar.

Entre los antídotos a disposición de los ciudadanos cuando vemos a nuestros gobernantes despeñarse por la pendiente hay, además de nuestro voto, los dos que tomo de L. Ferrajoli.

Lo primero es llamar a las cosas por su nombre. El comportamiento del Ejecutivo con el Parlamento es un descaro constitucional. Es necesario decirlo con claridad para impedir que se consume su aceptación acrítica, cuando no su abierto apoyo.

Es verdad que en este punto no es fácil suscitar la preocupación de los ciudadanos. Estos están más predispuestos a indignarse ante la crónica judicial de cada día que ante la violación del artículo 134 de la Constitución.

Pero esta violación es una mina explosiva con efectos retardados (un eventual precedente) que ya se ha colocado en los pliegues del Parlamento.

El segundo antídoto contra esta deriva de vaciamiento del Parlamento es el de provocar el sentimiento de vergüenza con una apelación a la conciencia civil de todos.

Sentimiento de vergüenza en primer lugar de los actuales gobernantes. Pero también de todos aquellos que aceptan y sostienen tales prácticas. Nadie podrá decir que no lo sabía cuándo en el futuro otras mayorías utilicen este precedente.

Cosa que es muy probable que ocurra, porque, como decía Thomas de Quincey, una vez empezada esta marcha cuesta abajo, nunca se sabe dónde parar.

*** Virgilio Zapatero es rector emérito de la Universidad de Alcalá.