LA SUSPENSIÓN automática como diputados del fugado Carles Puigdemont y los encarcelados Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez desmiente el mantra repetido desde el Gobierno para justificar su encuentro con Quim Torra. Tras el mismo, la vicepresidenta Carmen Calvo afirmó que el Gobierno se había comprometido a buscar «una solución política a un problema político». Pero la investigación que el juez Llarena concluyó ayer sobre la organización ilegal del referéndum por la independencia del 1-O demuestra que el desafío soberanista es también una cuestión de orden penal. Porque la política, en un sistema democrático, debe estar sometida al imperio de la ley. Y cuando alguien se sitúa claramente al margen, como hicieron los golpistas procesados por rebelión al despreciar reiteradamente las resoluciones del Tribunal Constitucional, son los jueces los que tienen la palabra.

Sin embargo, lejos de moderar su propósito rupturista y abandonar la vía unilateral, el president de la Generalitat continúa con su actitud provocadora y amenazante. Tras la reunión con Sánchez en La Moncloa, Torra avisó de que no abandonaría el camino de la segregación y dejó claro que no pretendía aceptar una solución estatutaria. Ayer fue aún más lejos. Durante una entrevista en Catalunya Ràdio, recordó que no renuncia a nada y que su intención es «dotar a Cataluña de una Constitución» y «llegar a la independencia». «Tengo 55 años, mis hijos ya son mayores y no tengo nada que perder», concluyó. Es cierto que Torra no ha incurrido todavía en ningún delito, como presumiblemente sí lo hizo Puigdemont, su antecesor en el cargo y su mentor político; pero el hecho de que repita, cada vez que tiene ocasión, su desprecio al ordenamiento constitucional debería hacer reflexionar al Gobierno, que el lunes mostró su disposición a seguir trabajando con un Govern declarado abiertamente en rebeldía.

Tampoco se entiende el silencio del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante el agresivo menosprecio mostrado por Torra al jefe del Estado. En un nuevo alarde de falta de respeto institucional, el president de la Generalitat ha instado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a que no invite a Felipe VI a los actos conmemorativos del primer aniversario de los atentados de las Ramblas y Cambrils. Torra quiere que el resto de poderes institucionales secunden su veto al Rey en represalia por la declaración institucional del 3 de octubre sobre el referéndum ilegal. En aquella ocasión, Felipe VI hizo lo que la amplia mayoría de españoles esperaba de él: hizo una encendida defensa de la Constitución y expresó su apoyo a los ciudadanos marginados por el agresivo avance del procés. Es incomprensible el silencio de Sánchez ante este despropósito.