Mientras se producían los tiros en la nuca, los secuestros, las bombas lapa y las cartas explosivas, todavía pudieron las víctimas organizarse y exigir protección y respeto. Pero una vez que las balas dejaron de silbar en el oído de cientos de españoles, pareció que lo único que quedaba por proteger en España era el críptico derecho a decidir. Nada más alejado de la realidad.

Algunos datos. Sólo en el País Vasco, desde que empezó ETA a matar y hasta 2006, abandonaron su tierra 200.000 personas, según el informe de 2007 de la Fundación BBVA. Lo que supone un 10% de la población de la región.

En realidad, gran parte de esa gente ya nunca ha vuelto y otros, ya con ETA inactiva, continúan la misma tradición, a pesar de lo bien que se vive allí gracias a un cupo irreal. Recuerdo a un compañero que cursó COU en Madrid a principios de los años 80. Su familia estaba amenazada por ETA. Nunca ha vuelto al País Vasco.

Recuerdo también a un profesor vasco de Derecho que vino a refugiarse a Madrid huyendo de las amenazas y el acoso que sufría en su universidad de origen. Tampoco ha vuelto.

En Cataluña, y a pesar de que Terra Lliure tuvo una existencia más corta, pero no por ello menos cruel (que se lo digan a José María Bultó, Joaquín Viola, Montserrat Tarragona o al periodista Federico Jiménez Losantos), el proceso de exilio no ha sido menor.

Aunque con una particularidad: se ha incrementado durante los últimos años. Un informe de 2019 sobre el exilio de españoles catalanes habla de un movimiento interior y exterior de más de dos millones de catalanes y de quinientos mil exiliados (también por la paralela huida de empresas) desde el intento de golpe separatista. A pesar de que dicho golpe no tuvo éxito, el desgarro interior y los intentos de huir del clima de presión separatista no han cesado.

Hace veinte años viví un año y medio en Barcelona. De los que fueron mis amigos de entonces no queda casi nadie. Recientemente, uno de los resistentes me decía que ya no podía más y que varios compañeros de trabajo estaban también buscando destinos alternativos. Todos ellos hablan catalán y algunos tienen ocho apellidos catalanes.

Pero también quieren poder expresarse en español sin problemas y que sus hijos se puedan educar en las dos lenguas oficiales. Reclaman su derecho a poder ser catalanes sin necesidad de ser catalanistas, mientras muestran una sospechosa capacidad natural para sentirse al mismo tiempo catalanes y españoles. Por ello son tachados de fachas.

Hay que ser muy ciego para no ver que todo esto no sucede por casualidad, sino que obedece a una estrategia cuidadosamente pensada (en Cataluña a partir del Plan 2000 de Pujol) para que el demos sea mayoritariamente separatista.

Se trata de convencer como sea a las nuevas generaciones de las bondades del futuro paraíso de un País Vasco o una Cataluña independientes, y de lo pernicioso que resulta todo lo que huela a español. Así se siembra el odio mientras se hace la vida imposible a los recalcitrantes para que cojan la maleta.

Cuando se apela a supuestas naciones históricas o culturales (aunque los términos Euskadi o ikurriña no existieran hasta que se los sacó de la manga Sabino Arana a finales del siglo XIX) o al famoso derecho a decidir se olvida que en las primeras elecciones democráticas (15 de junio de 1977) los nacionalistas (PNV y Euskadiko Ezkerra) obtuvieron el 35,44% de los votos en las tres provincias vascas, frente al 51’07% de los cuatro mayores partidos nacionales (UCD, AP, PSOE y PCE).

En las mismas elecciones, en Cataluña, los nacionalistas (Convergencia, Unió y ERC) obtuvieron 14 escaños, frente a los 33 de los partidos nacionales (PSOE/PSC, PSUC/PCE, UCD y AP), siendo el ganador Socialistas de Cataluña, que todavía incluía las siglas del PSOE.

En las primeras elecciones al parlamento catalán (1980), el bloque constitucionalista (PSC-PSOE, PSUC, UCD y Partido Andaluz) obtuvo una mayoría abultada de 78 escaños frente a los nacionalistas (CiU+ERC), que lograron sólo 57. A pesar de lo cual se permitió, algo (o muy) ingenuamente, que gobernara Jordi Pujol.

A partir de ese momento, paulatinamente, el bloque constitucionalista perdió apoyos, y se hizo menos constitucionalista, mientras subía el bloque nacionalista, que se hacía cada vez más separatista.

¿Qué ha pasado? Además de la ya citada política de ingeniería social y apartheid cultural, ha ocurrido que los separatistas llevan gobernando de manera prácticamente interrumpida durante más de cuarenta años. Más por tanto que el franquismo. Construyendo una red clientelar, dominando los medios de comunicación y sometiendo el sector educativo a fin de crear, allí donde no lo había, un pensamiento único a favor de la ruptura y de odio a España.

Hoy hay que ser afecto al régimen separatista para progresar en el País Vasco y en Cataluña. La alternativa es la irrelevancia, el miedo, la humillación o vivir permanentemente bajo sospecha. Sólo queda consentir, callar o marcharse. La resistencia cada día resulta más cara.

Lo extraño es que estas víctimas no aparezcan en ningún informe sobre los derechos humanos de la ONU o sobre la situación de los derechos políticos en España del Consejo de Europa.

Sorprende igualmente que los líderes separatistas, que reclaman empatía y comprensión a los Gobiernos de Madrid mientras se pasean por Europa como víctimas propiciatorias de un Estado franquista, se nieguen a empatizar con sus propios vecinos y conciudadanos, incluso de su misma familia.

En nombre del derecho a decidir se niega a la mayoría del pueblo catalán el derecho a vivir en paz y a expresarse en la lengua que quiera. También se menosprecia el sufrimiento de todas las personas a las que el separatismo acosa y hace la vida imposible para que abandonen la que ha sido su casa desde hace años o décadas.

Comienzan a surgir organizaciones, como la Plataforma de policías locales represaliados por el nacionalismo o la Asociación de profesores por el bilingüismo, entre muchas otras, que ponen cara a los perseguidos. Pero no les podemos dejar solos. Se impone un cambio de paradigma interno y externo.

Los separatistas no son las víctimas, son los verdugos. Las víctimas reales se encuentran silenciadas y desprotegidas. No está sólo en peligro el Estado de derecho, sino también el estado humanitario (material-emocional-mental) de las personas no nacionalistas.

Empoderemos también a estas víctimas. ¿Para cuándo una Asociación de víctimas del separatismo?

*** Alberto Gil Ibáñez es escritor y ensayista. Su último libro es La guerra cultural. Enemigos internos de España y Occidente.