Para lograr el apoyo de Junts, el Gobierno ha troceado el decreto primigenio que era ‘imposible’ trocear y aceptado tramitar la iniciativa de Junts para que el Congreso de los Diputados debata solicitar a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, lo que era ‘inconstitucional’ para el PSOE y después ha dejado de serlo, en la línea de otras medidas como la amnistía a los condenados por el golpe independentista, primero un imposible para convertirse después en medida ‘imprescindible’. Es el modus operandi del pirata político Sánchez y de sus correligionarios que le hacen la ola y le aplauden con las orejas. Para tratar de que el PP se abstuviera o votara en contra del nuevo decreto y acusarlo a continuación de oponerse a la revalorización de las pensiones, el Gobierno ha mantenido la entrega al PNV de un palacete ubicado en París, una de las medidas sociales más revolucionarias que se recuerdan. Sánchez podría haber obtenido el voto favorable del PP con solo haber troceado el decreto y sin ninguna contraprestación política, pero Sánchez ha preferido ceder ante Junts y seguir negociando con los independentistas de derechas las competencias de inmigración, el control de las fronteras y la expulsión de inmigrantes. La confrontación política con el PP y su desgaste electoral es el leitmotiv de Sánchez, la razón para la que y por la que se mantiene en Moncloa.

Con su voto favorable quieren subrayar que están de acuerdo con la revalorización de las pensiones, de la que depende el voto de millones de pensionistas, más allá de que tal medida ponga o no ponga en cuestión el sistema público de pensiones, que esa es otra

Y es de lo que los estrategas del PP pretenden zafarse: de su arrinconamiento electoral y de las estrategias de Sánchez para debilitarlo. Es, como casi todo en política, una batalla comunicativa o de construcción del relato, porque, tras el acuerdo con los antiguos convergentes, el contenido estaba salvaguardado y la revalorización de las pensiones ya era un hecho. Es lo que el PP ha pretendido explicar con éxito relativo, porque unos legítimamente no terminan de verlo y porque otros no quieren entenderlo. Con su voto favorable quieren subrayar que están de acuerdo con la revalorización de las pensiones, de la que depende el voto de millones de pensionistas, más allá de que tal medida ponga o no ponga en cuestión el sistema público de pensiones, que esa es otra. Pero «eso ahora no importa», que diría el Fiscal General del Estado, porque el embate electoral es siempre aquí y ahora… y la viabilidad del sistema público de pensiones es una cuestión que atañe supuestamente al futuro, lo que no importa hasta que llegue (y siempre llega).

Tal como ha explicado Feijóo lo mejor que ha podido, Sánchez deseaba que el PP votara en contra o al menos se abstuviera, razón fundamental por la que decidieron apoyar el decreto. Si no es bueno para Sánchez, será bueno para nosotros, pensaron. Y para no perder el apoyo de los pensionistas, claro, que hacen lo que suele hacer cualquier otro colectivo: defender sus intereses. Sémper reclamó el derecho del PP a acertar al menos de vez en cuando en su estrategia política, que es como reconocer que a inteligencia lo suele superar su adversario. O al menos a colmillo político. Yo no lo veo como un giro de ciento ochenta grados, como han asegurado los más críticos, sino como adecuación a las nuevas circunstancias, lo cual tiene sus riesgos. Si tal decisión le insufla rédito político o, por el contrario, le perjudica, se comprobará en las próximas elecciones que se convoquen. De momento, lo que dicen las encuestas es que el principal beneficiario es… Vox. Pero esta es una partida a más largo plazo.

En toda España lograron sacar a la calle a menos de mil ciudadanos, bastantes menos de los que forman parte orgánica de los sindicatos, un éxito sin precedentes que debería hacer dimitir a quien promueve semejante engendro

Por su parte, CC.OO. y UGT decidieron que no tenían otra cosa mejor que hacer que movilizarse contra la oposición que no gobierna para que siga gobernando quien ya lo hace. Es su pretensión esencial y base de su proceder político cuando gobierna la izquierda. Porque los sindicatos prefieren que gobierne la izquierda, como todo el mundo sabe, incluso aunque esta impulse medidas reaccionarias. Lo que ocurre es que su función social no es exactamente esa, por lo que quizás deberían guardar las formas, taparse un poco y disimular mejor su servilismo a Sánchez. En toda España lograron sacar a la calle a menos de mil ciudadanos, bastantes menos de los que forman parte orgánica de los sindicatos, un éxito sin precedentes que debería hacer dimitir a quien promueve semejante engendro.

Es lo que tiene manifestarse contra lo que no ha ocurrido y contra lo que pudo hacer la oposición y finalmente no hizo. Es como ponerse la venda antes de una herida que ya se ha curado. O como una manifestación en diferido por si acaso ocurre lo que ya no ha ocurrido. No llega ni a ser una movilización convocada por razones preventivas. ¡Y es que hay que ver, como alguno ha dicho, lo mal que gobierna la oposición! Y lo poco y mal que se manifiestan los sindicatos cuando gobierna la izquierda, habría que añadir.

La ley no es para ellos

En todo caso, tampoco se puede esperar gran cosa de estos sindicatos ni de quienes los dirigen. A Unai Sordo lo conocemos bien en Euskadi, defensor de las políticas socialistas y sus pactos con los nacionalistas. Álvarez, por su parte, es el que fue a visitar a Puigdemont y el que quiere que lo amnistíen del todo para que pueda volver cuanto antes. Porque «ya ha sufrido bastante», según nos ha relatado casi entre lágrimas. Lo de saltarse la ley, apropiarse de dinero público y darse a la fuga a Pepe Álvarez le parece irrelevante, peccata minuta, como si su situación actual no fuera consecuencia de los delitos cometidos antes. Y es que la ley debemos cumplirla los ciudadanos corrientes y molientes, pero no los políticos con mando en plaza, sobre todo si son nacionalistas. Y ambos dos líderes sindicales son firmes defensores de los indultos, la amnistía o la inmersión lingüística en Cataluña, esa que afecta gravemente los derechos laborales de muchos trabajadores e incluso provoca la expulsión de miles de ellos. Ante estas injusticias, no es que guarden silencio sino que las apoyan. Y de ahí su menguante poder de convocatoria y su creciente desprestigio.