Tal como publicamos hoy, Rajoy tiene decidido someterse al debate de investidura, a pesar de no tener garantizados los 176 diputados. Se trata de un gesto de responsabilidad. Porque, ante un hartazgo social creciente, la ciudadanía ansía el desbloqueo de la situación de interinidad. España no puede permitirse por más tiempo seguir con un Gobierno en funciones. Especialmente, por los ineludibles compromisos que nuestro país está obligado a asumir en los próximos meses en el marco del Plan de Estabilidad. Rajoy anunció la semana pasada que la fecha de la investidura se conocerá «después y no antes» del Comité Ejecutivo del PP, cuya reunión se celebra mañana. El presidente del Gobierno en funciones saldrá del cónclave de los populares con un mandato claro para explorar un pacto con Ciudadanos. Y ello pasa por aceptar las seis condiciones que Albert Rivera puso encima de la mesa hace una semana. Rajoy decidió dilatar este proceso convocando al máximo órgano de dirección del PP, con el objetivo evidente de madurar la posición del PSOE de cara a una eventual abstención. Los miembros del Comité Ejecutivo trasladarán su confianza a su líder para que disponga de carta blanca para administrar las negociaciones que desemboquen en su investidura. Sin embargo, ello no implicará, en ningún caso, otorgar un sí rotundo a las condiciones de Ciudadanos. Entre otras cosas porque, tal como han avanzado en los últimos días varios portavoces del PP, algunas de estas exigencias plantean una complejidad jurídica notable. La limitación de mandatos, según informes preliminares de La Moncloa, podría ser contraria a la Carta Magna, mientras que la reforma de la Ley Electoral exigiría un pacto con el PSOE porque excede el acuerdo entre dos formaciones que ni siquiera suman mayoría absoluta en el Congreso.
La obligatoria renuncia de los imputados y la comisión de investigación sobre los papeles de Bárcenas ha generado un lógico enfado entre los dirigentes populares. Pese a todo, el PP está en condiciones de aceptar los planteamientos de Rivera. No sólo porque servirían para renovar su propio partido, sino porque supondrían un potente paquete en materia de regeneración para el conjunto de la política española. Cuestión diferente sería luego ahormar un pacto de legislatura, lo que implicaría llegar a acuerdos programáticos entre las tres fuerzas constitucionalistas. Pero, en cualquier caso, la prioridad ahora es no demorar la investidura. Lo contrario sería contraproducente para la evolución política del país. Ahondaría aún más en la brecha entre los distintos partidos y no haría más que acrecentar el enfado de los ciudadanos.
El PP calcula que la investidura tendrá lugar entre finales de agosto y primeros de septiembre. Es una fecha que nos parece razonable. Primero porque evitaría alargar las negociaciones más allá del día 9 –cuando comienza oficialmente la campaña de las elecciones vascas y gallegas– y, sobre todo, porque permitiría cumplir con los plazos para fijar el techo de gasto y tramitar los próximos Presupuestos.
En consecuencia, el PP no debería desaprovechar la oferta de Ciudadanos. Aunque la alianza con los nacionalistas parece improbable, si Rajoy alcanza la sesión de investidura con 169 diputados –fruto de la suma de PP y C’s–, Pedro Sánchez tendría muy complicado seguir parapetado en una posición negativa que conduciría a España, de forma irresponsable, a unas terceras elecciones.