El sanchismo no eligió mal los socios. Ahora lo sabemos: no era sólo necesidad coyuntural sino afinidad moral. Una aventura política alumbrada para delinquir precisaba apoyarse en aliados que ya hubiesen delinquido, en beneficiarios directos o indirectos del delito. Eso fue el pacto Frankenstein, una mutualidad de malhechores convictos, algunos de los cuales precisaron ser indultados o amnistiados para blanquear su colaboracionismo. Con Bildu ni siquiera hizo falta: había favores pendientes desde la desaparición del terrorismo. Los legatarios del proyecto de ETA son los únicos miembros del bloque gubernamental que no han formalizado sus acuerdos por escrito. Y quizá también los únicos a quienes el presidente se los ha cumplido íntegros.
Todos guardan ahora, a la vista de los escandalosos asuntos juzgados en el Supremo, un ominoso, espeso, sumiso silencio. Han tenido oportunidades de sobra para hablar, para formular una leve condena abstracta o retórica, y no lo han hecho. Se ponen de perfil, cambian de tema de conversación o bajan la mirada al suelo. Y si la cosa se pone fea, si no es posible eludir el pronunciamiento ni sacarlo de contexto, se limitan a desaprobar en tono genérico y suben unos metros su listón ético con la esperanza de ganar un poco de tiempo. Saben que su complicidad palmaria les pone en aprietos pero de ninguna manera están dispuestos a abandonar su cómodo estatus de palafreneros del Gobierno. Es simple: amparo con la nariz tapada a cambio de privilegios.
Rufián lo expresó sin ambages hace unas semanas: el ‘malmenorismo’, la teoría del mal menor como coartada. Sí, son corruptos pero nos sirven y esa utilidad ocasional bien merece aguantar la tentación de la repugnancia. Fuera máscaras. Están a lo que están, a exprimir la debilidad de Sánchez, a defender las nóminas, a estirar una legislatura que les proporciona visibilidad social y proyección parlamentaria. A bloquear la alternancia. A disimular que el respaldo a aquella moción de censura y a los posteriores mandatos ocultaba un compromiso de anular las condenas judiciales que los golpistas catalanes y los testaferros etarras tenían sobre sus espaldas. A defender hasta el final la entente de recíproca impunidad que sostiene la alianza.
Tragarán con Ábalos, con Koldo, con Cerdán y con lo que venga. Ignorarán las mordidas, las contrataciones de amantes, los enchufes de parentela, los rescates dudosos de empresas, el tráfico de influencias. Total, qué son esas bagatelas al lado de una insurrección contra el Estado y la Constitución, una malversación masiva o cinco décadas de violencia perdonadas sin mayor problema. ‘Quid pro quo’, promesa por promesa. Con las cosas de comer no se juega y entre bomberos –o entre delincuentes– no se pisan la manguera. Y en el peor de los casos siempre está el comodín de impedir el acceso al poder de la malvada derecha. Que nadie se mueva. Que ningún atisbo de dignidad, por insignificante que sea, abra una grieta en ese pétreo, impermeable blindaje de la conciencia.