EL PAÍS 16/10/16
EDITORIAL
· El presidente debe pronunciarse sin dilación sobre el ‘caso Rita Barberá’
El enrocamiento de Rita Barberá en su escaño del Senado no se debe a un deseo de servir a los valencianos ni a los intereses generales de España, como incomprensiblemente ha justificado el ministro en funciones García-Margallo. Como ella enfatiza en unas muy inadecuadas letras mayúsculas, ha tomado la decisión de “NO DIMITIR” porque “de lo contrario, podría entenderse como una asunción de culpabilidad”. En un comunicado —difundido sorprendentemente por el partido que acaba de abandonar—, la senadora deja traslucir que utiliza el escaño a efectos de su defensa. Y se explica: investigada en un proceso penal, dejar de ser senadora implicaría el final del fuero del que goza ante el Tribunal Supremo, y por tanto, la traslación del asunto por el que se la investiga a la jurisdicción ordinaria, donde ya hay otros 49 implicados por el mismo caso.
Lo que se debate es si su defensa debe hacerla como representante de los ciudadanos en las Cortes o como persona particular. No se trata solo de separar su defensa de la condición de miembro del PP, a lo que ha renunciado, sino de no mezclar esa defensa ante la jurisdicción penal con la coartada institucional que supone ostentar la representación de los ciudadanos, que lleva aparejado un aforamiento ante el Supremo.
No son pocos los dirigentes del Partido Popular que comparten la idea de que Barberá debería defender su inocencia como una ciudadana más y no como miembro de las Cortes. Sin embargo, entre esas voces falta el pronunciamiento más importante: el del jefe del Gobierno en funciones y presidente del PP, Mariano Rajoy, que sigue sin decir una palabra sobre el caso. ¿Tiene algo que ver en ello sus pasados elogios a Rita Barberá y el apoyo que esta le prestó cuando sectores del PP discutían a Rajoy el derecho a ser el líder del partido?
Nadie puede retirar el escaño a una senadora salvo en circunstancias muy tasadas, tal y como se desprende de la Constitución, la ley y la jurisprudencia del Constitucional. Pero esta realidad legal no oculta, sino que agrava, la responsabilidad del PP al designar como senadora a Barberá. Por mucho que la actual dirección de los populares valencianos se sume ahora a una petición para que deje de ser su representante, el fuerte entramado de protección constitucional y legal de los parlamentarios, sumado a los escándalos que ya rodeaban la gestión de la alcaldesa y del PP valenciano, desaconsejaba su designación. Pero se prefirió blindarla, con las consecuencias que observamos.
Ahora que el verdadero interés de España es el de la formación de un Gobierno que desbloquee la situación política y restablezca la confianza en las instituciones, es obligado que Rajoy se exprese y no se limite a utilizar como cortafuegos a la secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal. Una vez más, la credibilidad de Rajoy está en juego.