El contraste es revelador. El 3 de noviembre de 2024, durante la visita del presidente a Paiporta tras la catástrofe de la dana, asistimos a un escándalo mediático y político de dimensiones históricas.

Pedro Sánchez fue evacuado precipitadamente de la localidad mientras los reyes y Carlos Mazón permanecían junto a los ciudadanos, afrontando sus quejas.

De inmediato se puso en marcha la maquinaria propagandística del Ejecutivo y sus medios afines. El Gobierno y el PSOE acusaron a «grupos ultras organizados», a «comandos de extrema derecha» y a «violentos marginales» de haber orquestado una agresión contra el presidente.

Se habló de un golpe con un palo, con riesgo evidente para su vida, y de un ataque premeditado contra la democracia.

Sin embargo, las imágenes desmontaron rápidamente el relato oficial. Los vídeos demostraron que el palo lanzado contra la comitiva no alcanzó a Sánchez, sino a un fotógrafo que caminaba detrás. No hubo agresión física al presidente. No hubo hospitalización. No hubo lesiones.

Aquella narrativa del «comando ultra» se reveló como lo que era: una mentira. Vecinas de Paiporta lo aclararon públicamente en diversos medios: «Eran todos del pueblo», afirmaron con rotundidad. No había grupos organizados, no había fascistas venidos de fuera. Era todo mentira.

Ahora, sin embargo, se ha producido una agresión real. Una brutal, cobarde y documentada agresión contra un periodista.

José Ismael Martínez, reportero de EL ESPAÑOL, fue acorralado, derribado a patadas y golpeado salvajemente este jueves por encapuchados de la izquierda abertzale en la Universidad de Navarra.

Esta vez no hay duda. Hay vídeos, hay testimonios, hay un parte médico de lesiones. Hay una agresión real contra un profesional que ejercía su derecho y su deber de informar.

Y, sin embargo, el Gobierno calla. Pedro Sánchez no ha condenado los hechos. Sus ministros tuiteros, tan veloces para señalar fascistas imaginarios, guardan un silencio sepulcral cuando los agresores son los herederos de ETA, los cachorros de la kale borroka, los socios de EH Bildu que el Ejecutivo necesita para mantenerse en el poder.

La hipocresía es insoportable. Cuando la agresión era falsa y el agresor podía ser tildado de ultraderecha, se movilizó todo el aparato del Estado y de la propaganda. Cuando la agresión es real y los agresores son abertzales, el silencio es absoluto.

Porque esta agresión rompe su narrativa. Porque condena su pacto de sangre con quienes nunca condenaron el terrorismo. Porque pone de manifiesto que la violencia que crece en España no viene de donde ellos dicen, sino de quienes ellos protegen.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, pidió hace apenas una semana en el Congreso «medidas firmes contra la extrema derecha» mientras enumeraba «cacerías nazis» y «matones ultras». Bajo el paraguas ideológico de Bildu actúan precisamente los grupos radicales GKS e Indar Gorri, señalados por la Policía como convocantes de la protesta violenta en Pamplona.

No ha habido tuits indignados del ministro del Interior. No ha habido comunicados de Moncloa. No ha habido portadas en los medios del régimen. No ha habido sesiones de urgencia en el Congreso. No ha habido llamadas a la unidad democrática. Sólo silencio. Un silencio cómplice.

Frente a este doble rasero, es de agradecer la respuesta de quienes sí han condenado sin ambages la agresión. La Universidad de Navarra, el Partido Popular, Vox, UPN, la Asociación de la Prensa de Madrid, la FAPE y decenas de asociaciones y periodistas han mostrado su solidaridad con José Ismael Martínez y su condena inequívoca de la violencia. Feijóo y Ayuso han sido contundentes. Las asociaciones de periodistas han exigido que se identifique y detenga a los agresores. Pamplona Actual, Navarra Confidencial, Diario de Navarra y otros medios locales han cubierto exhaustivamente los hechos.

EL ESPAÑOL condena con especial rotundidad las palabras de Irene Montero, que ha intentado desviar el foco hacia otros casos, comparando la brutal paliza a un periodista indefenso con detenciones policiales de radicales violentos en otras manifestaciones. Montero ha demostrado una vez más que su compromiso con la libertad de expresión y con la condena de la violencia es selectivo, ideológico y profundamente hipócrita.

José Ismael Martínez terminó tirado en el suelo, cubriéndose la cabeza mientras recibía patadas. Esa imagen es la prueba de lo que ocurre cuando se normaliza el señalamiento, cuando se legitima a quienes nunca condenaron el terrorismo, cuando el poder político degrada al periodismo independiente.

Señor Sánchez, su silencio y el de sus ministros y socios parlamentarios es una respuesta en sí mismo.

Y es la peor de todas.