Las corrupciones públicas que acompañarán de forma indeleble la biografía política de Pedro Sánchez y del sanchismo se han alimentado por la acción de sus responsables penales y políticos y por la omisión y el silencio de quienes, conociéndolas y pudiendo sancionarlas con unas elecciones anticipadas, no han hecho nada por evitarlas. Este es el contexto actual que delata a la izquierda y al nacionalismo como los estrechos cooperadores de la degradación de la cosa pública en España. Toda la sensibilidad e indignación que desplegaron para echar a Mariano Rajoy por una frase tácticamente colocada en una sentencia, han dado paso al guion de un teatro de farsantes, que se caricaturizan a sí mismos con silencios encubridores. Aquella izquierda que, como Podemos y Sumar, votó en el Consejo de Ministros el rescate de Plus Ultra y que ahora simula escandalizarse por las revelaciones sobre las ‘cloacas’ y sobre Rodríguez Zapatero, mantiene intacto su apoyo al Gobierno y al partido más generadores de causas judiciales por corrupción en la historia de la democracia. Más vale un sospechoso en la Moncloa que dar voz a la soberanía nacional.

El erial ético en el que habita la izquierda y sus aliados nacionalistas está contaminando el concepto cívico de la responsabilidad, al normalizar conductas que no solo son reprochables políticamente, sino también constitutivas de delitos, cometidos desde la cúpula del PSOE y del Gobierno actual. Sánchez y sus socios viven tan al día que parecen no ser conscientes de los precedentes tan tóxicos que están dejando escritos y que hay que desear que ningún futuro gobierno se refugie en ellos para justificarse. La erradicación del sanchismo no es solo un cambio de gobierno, implica también la de su modo ilegítimo de ejercer las funciones públicas.

Los síntomas de esa enfermedad moral de la izquierda se manifiestan de maneras tan diversas que nada escapa a su intento de correr cortinas de humo para cegar a los españoles. No ha tenido mejor idea que atacar a un jugador de la selección española por gritar ‘Viva España’ y ‘Viva el Rey’ en la plaza de la Cibeles o de endosar a otro una difamación de terrateniente por atreverse a llevar un gorra trumpista, versión española, con el lema en inglés ‘Hagamos a España grande otra vez’. Primero fue la columna de Mariano Rajoy y ahora estos intolerables actos de españolidad. La izquierda necesita una urgente terapia sobre sus prioridades para el país.

Incluso quien aparentaba ser una persona sensata, como Cristina Narbona, presidenta del PSOE, no dudó ayer en el Senado en explicar su ausencia de reproches a Rodríguez Zapatero apelando «a su enorme legado». No es relevante indagar sobre el legado que ha dejado Zapatero, que se describe por sí mismo en la persona de Sánchez, sino la osadía con la que la presidenta del PSOE se atreve a plantear una compensación de los indicios graves de delito que pesan sobre el expresidente socialista con su trayectoria política. Algo así como aplicar el derecho penal de autor a Rodríguez Zapatero para concluir que un socialista tan bueno como él, tan progresista como él, no merece ni el repudio, ni la crítica ni, menos aún, un proceso penal. Es lo que tiene ser socialista hoy en España: ser juzgado por lo dicen y no por lo que hacen.