Con el reconocimiento de la soberanía del Sáhara pendiente aún de aclaraciones por parte de Sánchez, la exculpación de las autoridades alauitas en el asalto a Ceuta es el único factor firme, reiterado y constante de las confusas y contradictorias justificaciones gubernamentales. Cierre de filas absoluto, ahí no hay dudas, ni insinuaciones, ni versiones discrepantes. Bolaños ha llegado a calificar de ‘falta de respeto’ el señalamiento de responsabilidades por acción u omisión en un movimiento de masas fácilmente detectable en un territorio donde no se mueve nadie, y menos una multitud de ochenta mil personas, sin el consentimiento de sus gobernantes. Por el contrario, el argumentario oficialista presenta a Marruecos como el colaborador imprescindible en la resolución (?) de una crisis que dista mucho de solventarse. Los sonrojantes agradecimientos al ‘socio fiable’ y el bloqueo de la visita del Rey a la ciudad invadida indican una voluntad de agradar que se asemeja mucho a una actitud de vasallaje.

El Gobierno parece preso del ‘síndrome Pegasus’. Y lo acepta sin reparos; es imposible que un equipo de dirigentes obsesionados por el relato no advierta la antipática impresión que causa en la opinión pública esa palmaria demostración de servilismo exagerado. La persistencia en ella desborda el lógico sentido de la prudencia y el tacto diplomático ante un vecino capaz de actuar a la vez como aliado y como adversario, de modo que sólo el temor cerval de algo desconocido por los ciudadanos podría explicar un peloteo tan enfático. Los gigas robados se han convertido en un agujero negro del sanchismo con especial significado en el actual contexto de presión híbrida sobre el escenario norteafricano. Porque si la ocupación fue un ataque a la integridad nacional, uno de los escasos arrebatos de sinceridad del presidente en ocho años, hay que atenerse al rigor semántico. Y en consecuencia admitir que una oleada de esa clase no es un alud migratorio espontáneo sino una operación de Estado.