El próximo Consejo de Ministros aprobará la subida del salario mínimo hasta los 1.080 euros. Una decisión que tiene más de política que de cualquier otra cosa. El SMI ha subido un 46,7% desde 2018. ¿Ha subido lo mismo la productividad en España? No, qué va, pero eso da igual, nadie se fija en esta para decidir aquél. No se trata de eso. El Gobierno se encuentra en una posición que es cualquier cosa menos cómoda. La parte comunista quería más, pues necesita mucho bicarbonato para poder digerir el enorme sapo que se ha de tragar con la reforma de ‘ley del solo sí es sí’. Por eso, los 1.080 euros se quedan cerca del límite alto de la banda propuesta por el famoso ‘comité de expertos’ que, a falta de mayores concreciones, habita en el metaverso. Y por eso cede de nuevo la vicepresidenta Calviño que pedía moderación y prudencia (¡moderación y prudencia, que osadía!) y reconocía por primera vez que su nivel afectaba al volumen de empleo. Quien no cedió protagonismo fue el presidente que se metió en el jardín privado de Yolanda Díaz.

Una decisión, que gustará a los sindicatos y a los podemitas y disgustará a los empresarios que lo deben pagar –solo es eso–, y que ofrecieron llegar hasta los 1.040. Una decisión que equipara a los perceptores con los pensionistas, pues serán los dos colectivos que van a recuperar el poder de compra que todos perdimos con la inflación. Aquí era más necesario, pues no podemos olvidar que la pensión media supera con creces al SMI y la máxima casi lo triplica. Los empresarios no asistieron a la reunión. Se quejan de que no han recibido respuesta a sus propuestas, ni información alguna del estado de la cuestión por parte del Gobierno. Mientras que si han recibido insultos y acusaciones infundadas de varias ministras, aderezado todo con la bofetada que supuso el pacto con Bildu en mitad de las negociaciones.

Y luego está lo de siempre. Es obvio que la cifra se quedará corta para afrontar todas las necesidades, que se han visto agravadas por culpa de la elevada inflación. Pero, si solo es eso lo relevante, si no hay que discriminar por tipos de empresa, por variedades de sector, por localización geográfica, ni por el estado de sus cuentas y si no hay que considerar el efecto sobre el empleo ni la adecuación con la productividad. ¿Por qué entonces no se sube mucho más? Es la eterna cuestión de la ‘reducción al absurdo’ que podemos aplicar a muchas otras políticas.