EL CORREO 05/01/14
· Los partidos pro consulta consideran que la iniciativa de nuevo estatus del PNV chocará con Madrid y aconsejan aglutinar una «gran mayoría social» por el derecho a decidir
Como si fueran dos caminos de ida y vuelta, aunque con notables diferencias, la ‘vía vasca’ y la ‘vía catalana’ intercambian sus estaciones. Si la fecha y las preguntas de la consulta pactadas por Artur Mas con el resto de fuerzas soberanistas catalanas, reproducen, aunque corregido y aumentado, el órdago que Juan José Ibarretxe lanzó al Estado con el plan que llevaba su nombre y la posterior Ley de Consulta, la ponencia parlamentaria para debatir sobre la profundización del autogobierno vasco que el PNV registró la semana pasada sigue los pasos de la que en 2006 alumbró un nuevo Estatut en Cataluña, ratificado posteriormente en referéndum con un 74% de votos afirmativos y una participación inferior al 50%.
No obstante, el texto estatutario –que Mas, entonces jefe de la oposición al tripartito de izquierdas encabezado por José Montilla, pactó personalmente con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa–, acabó notablemente descafeinado por el Constitucional. En su histórico fallo de junio de 2010 declaró inconstitucionales catorce artículos, sometió otra decena de ellos al criterio del propio alto tribunal y constató la «ineficacia jurídica» del término ‘nación’ contenido en el preámbulo.
«Aquello fue un punto de no retorno», recuerda el secretario de Organización de Convergencia, Josep Rull, que, pese a subrayar el «respeto absoluto» por el camino emprendido por los jeltzales –que se han comprometido, además, a que cualquier modificación de la Carta de Gernika cuente con el respaldo de una de las sensibilidades no nacionalistas de la Cámara–, advierte sobre la conveniencia de «aprovechar la experiencia» catalana y extraer de ella algunas lecciones. Como él, también los dirigentes de Esquerra e Iniciativa per Catalunya consultados por este periódico dicen entender y respetar la ‘ vía vasca’ pero arr ugan la nariz con manifiesto escepticismo ante la posibilidad de que el consenso, primero interno en Euskadi y después con Madrid, que abanderan ahora el lehendakari Urkullu y su partido pueda desembocar en una reforma «ambiciosa» y de verdadero calado del autogobierno vasco.
Sobre todo teniendo en cuenta que una de las principales reclamaciones de los catalanes, el pacto fiscal, ya está resuelta gracias al sistema de Concierto Económico –que Jordi Pujol rechazó para Cataluña durante la Transición–, y que Euskadi ve asimismo reconocidos sus derechos históricos y su posible actualización en el ordenamiento vigente. Queda poco margen de mejora dentro del «corsé» constitucional, vienen a decir los soberanistas catalanes y sus socios ecosocialistas en la aventura de la consulta.
Todos ellos creen, escaldados del «cepillado» catalán –es ya célebre la frase del socialista Alfonso Guerra con la que se refirió en esos términos al ‘pulido’ del Estatut en el trámite en el Congreso–, que es prácticamente imposible «avanzar» dentro del actual marco. Desde CDC, Rull recomienda al que siempre ha sido partido ‘hermano’, el PNV, que, para «evitar desengaños y desautorizaciones», exija una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Todo para impedir «que pueda enmendar la voluntad popular expresada en referéndum» una vez sancionada la reforma en las urnas, aunque la actual correlación de fuerzas en la Cámara Baja y la nueva mayoría conservadora en el recién renovado Tribunal Constitucional le hacen ser esencialmente pesimista sobre el resultado final.
· Límites: Los promotores de la consulta opinan que hay poco margen dentro del «corsé» constitucional
· Queja: Convergencia y ERC lamentan que se siga sin reconocer que España es un Estado «plurinacional»
· Diferencias: En Cataluña creen que han aprendido del fracaso de Ibarretxe y su ley de consulta
«El marco estatutario y constitucional está agotado. El PP lo está utilizando con fines recentralizadores y la involución es tal que el Gobierno culpa a las comunidades autónomas de la crisis», abunda el secretario general de ICV, Josep Vendrell. Más crudo aún lo pinta Lluís Salvadó, secretario general adjunto de Esquerra Republicana –«la Constitución es una prisión que nos ata de pies y manos», dice–, y advierte de que una eventual negociación de Urkullu con el Ejecutivo central sobre la reforma que apruebe el Parlamento vasco será siempre infructuosa aunque en el fondo «positiva» para que los partidarios vascos del derecho a decidir «abran los ojos». «Intentar un acuerdo con Madrid es montar una fábrica de hacer independentistas», ironiza. ::
‘Techo’ estancado
Y es que, en el trasfondo del antagonismo entre el camino vasco y el catalán, por primera vez a la vanguardia del desafío soberanista al Estado, hay diversas realidades, entre las que sobresale el indiscutible auge que, entre ‘cepillos’ y sentencias, ha cobrado en Cataluña el independentismo desde que, hace ya casi diez años, el Parlament empezara a explorar una reforma del Estatut. Ésa es la razón por la que Salvadó está convencido de que intentar «reformar el autonomismo» sólo puede conducir a la frustración y, en consecuencia, al antiespañolismo. «Fíjese, en Cataluña en 2004 los independentistas no llegábamos al 25%» –el mismo porcentaje de partidarios de romper con España que hay en Euskadi, un ‘techo’ estancado desde hace años– «y ahora esa cifra se ha duplicado, y de los 52 diputados que llegó a tener el proyecto federalista de Maragall ahora quedan 15».
De hecho, según la última oleada del CEO –el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat–, los partidarios de la independencia rozan el 55%. La mayoría es abrumadora cuando se pregunta por la posibilidad de consultar a los catalanes su futuro político, una demanda que comparten ocho de cada diez catalanes. «En Cataluña hay un movimiento social muy fuerte y muy transversal a favor del derecho a decidir que nada tiene que ver con el independentismo. Nosotros, por ejemplo, somos muy críticos con la mayoría CiU-ERC, pero creemos que la consulta es necesaria», corrobora Vendrell.
En Euskadi, la ausencia de una vanguardia ciudadana que tire de la locomotora soberanista y la invariable constatación en las enc uestas de que la crisis copa las preocupaciones sociales a una distancia abismal del resto de demandas ha llevado al PNV a optar por una estrategia de perfil bajo y a explorar la posibilidad de impulsar una reforma de la Carta de Gernika de la mano del PSE. En Cataluña, efectivamente, hay más partidarios de la ruptura que nacionalistas pero en Euskadi, paradójicamente, hay bastantes votantes nacionalistas favorables a «mejorar» el ‘statu quo’ pero no a cambiarlo. Los soberanistas catalanes advierten, sin embargo, de que las mayorías transversales, aun siendo necesarias, «no garantizan nada».
El debate en el Parlament –en el que, al igual que sucederá ahora en Euskadi, participaron todas las fuerzas del arco parlamentario– desembocó en un Estatut aprobado por 120 votos a favor y únicamente 15 –los del PP– en contra, una proporción cercana al 90% que sin duda los jeltzales firmarían ahora mismo. «Más transversal, imposible, y acabó fatal», rememora Rull, que cree que aquella «humillación» y la «movilización» social posterior son los dos elementos «estructurales» que diferencian a Cataluña de otras «realidades nacionales».
«Lo que no cambia es la reticencia del Estado a reconocer su realidad plurinacional. Nosotros hemos estado treinta años contribuyendo a que España sea un país moderno pero España ha renunciado a ser el Estado de los catalanes. El mensaje es: ‘si ustedes vascos o catalanes se sienten nación dentro de España no caben’ y en Euskadi deberían tenerlo en cuenta», avisa Rull.
«Responsabilidad»
Por esa razón –«por responsabilidad», dicen ellos–, los soberanistas catalanes han aparcado la reclamación del pacto fiscal para exigir directamente el derecho a la libre determinación. En Euskadi, en cambio, el PNV dice ahora que el derecho a decidir será en todo caso una «consecuencia» del pacto para la reforma del Estatuto, que debe ser refrendada en todo caso en referéndum.
Ésa es la verdadera fortaleza, aseguran, del proceso catalán, que, pese al descuelgue del PSC, tiene detrás a 88 diputados de 135. El ‘número tres’ de Esquerra dice haber «aprendido» también del intento de Ibarretxe de convocar una consulta en Euskadi. «El punto flojo de Ibarretxe fue la falta de consenso previo, dentro de la sociedad vasca, y en su propio partido. Nosotros hemos corregido eso, tenemos una base amplia y transversal con una sociedad civil detrás muy activa», recalca, convencido de que en el País Vasco «la prioridad deber ser ampliar la base social y el consenso político» en torno al derecho a decidir. En CDC e ICV corroboran, a grandes rasgos, el análisis.