El soberanismo trata de ocultar hasta el último momento la Ley del Referéndum para esquivar la impugnación inmediata con la que amenaza el Gobierno. Para conseguirlo, los partidos independentistas –Junts pel Sí y la CUP– han activado ya todos los resortes antes de que la próxima semana se retome la actividad política, empezando por el Parlament de Catalunya.
El primer paso para esconder la norma lo dio ayer la presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell. De forma inesperada, y en un movimiento inusual en el funcionamiento del hemiciclo, la presidenta excluyó la admisión a trámite de la Ley del Referéndum de la orden del día de la Mesa del Parlament, cuya próxima reunión está prevista para el próximo miércoles.
La inclusión de la ley en la agenda del órgano rector de la cámara se daba por hecho después de que JxSí y la CUP la registraran el 31 de julio. Por regla general, todas las leyes inscritas en el Parlament son valoradas en la primera convocatoria de la Mesa que se celebre. Un funcionamiento que, en esta ocasión, Forcadell ha ignorado sin dar explicaciones y pese a que la ley fue inscrita por su propio grupo. Un portavoz de la presidenta del Parlament consultado por este diario tampoco pudo dar ayer ninguna versión oficial para un hecho que motivó las críticas del PSC, único partido de la oposición que reaccionó. Los socialistas se mostraron «perplejos» por un cambio súbito de funcionamiento de la cámara y anunciaron a Europa Press que pedirán explicaciones a Forcadell.
El movimiento sorpresivo de la presidenta del Parlament coincide con la advertencia la semana pasada del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien aseguró que reunirá de urgencia a su gabinete para impugnar la Ley del Referéndum, en cuanto esta sea admitida a trámite. Para situar la amenaza del presidente en su justa medida, hay que recordar que, hasta ahora, el Gobierno sólo ha actuado contra normas catalanas vinculadas al procés una vez llegaban al Pleno. Un recorrido que el Gobierno quiere evitar en esta ocasión dada la proximidad para la celebración del referéndum, en apenas 50 días.
La exclusión de la Ley del Referéndum del orden del día de la Mesa abre ahora la incógnita sobre qué recorrido escogerá el soberanismo para su aprobación. JxSí y la CUP tienen ante sí varias alternativas, siempre con el objetivo de acelerar el calendario y no dar tiempo de reacción al Gobierno. Sea cual sea la vía, el choque entre ambos ejecutivos está prácticamente asegurado.
La primera alternativa, y la menos extravagante, sería una simple ampliación del orden del día de la Mesa del Parlament. Para ello, bastaría con que Forcadell informara a los miembros de la Mesa de la inclusión en la agenda de la Ley del Referéndum. Un paso que puede dar entre el lunes y el mismo miércoles, incluso minutos antes de que se reúna el órgano. De esa forma se cumpliría también el calendario más optimista para JxSí y la CUP, que pasa por aprobar la ley durante el primer pleno tras el parón estival, previsto para el 6 y 7 de septiembre. Como temen, también se aceleraría la impugnación del Gobierno.
Otra opción en manos de Forcadell pasa por aplazar el choque e incluir la tramitación de la ley en próximas convocatorias de la Mesa. Una senda que los partidos soberanistas contemplan, aunque sea un mero impás en el enfrentamiento con el Gobierno. Además, podría trastocar el calendario y, con ello, los planes del Govern para llegar con todo listo al 1-O.
En la CUP y JxSí gana peso otra posibilidad en forma de atajo parlamentario y que ya han utilizado en anteriores ocasiones, siempre para aprobar leyes vinculadas con el procés. En este caso, se presentaría la Ley del Referéndum directamente en el pleno previsto para el 6 de septiembre, sin tener que pasar por la Mesa del Parlament. Para hacerlo realizarían una interpretación, muy al límite, del artículo del reglamento de la cámara –en concreto, el 81.3– que permite modificar el orden del día del pleno. Una decisión que puede tomar la presidenta del Parlament o, como se prevé, si lo reclaman dos grupos parlamentarios.
El mismo artículo especifica que la modificación del orden del día exige cumplir con «los trámites reglamentarios», es decir, que sea aprobado por la Mesa, «excepto un acuerdo explícito en sentido contrario». Sería en ese aspecto donde los grupos forzarían la interpretación del reglamento, ya que bastaría con lograr la mayoría absoluta que garantizan los diputados soberanistas. Eulàlia Reguant, diputada de la CUP, admitió ayer en una entrevista en el digital Vilaweb que se trata de la vía preferida entre los miembros de su partido. Entre otros aspectos, porque no se ve afectada por la suspensión cautelar de la reforma del reglamento dictada por el Tribunal Constitucional (TC).
El veto del Alto Tribunal tampoco afecta a otra de las alternativas, una de las más complejas. En este caso, el peso de la decisión recaería sobre el Govern en pleno, el cual debería presentar la norma ante el Parlament como un proyecto de ley. De esta forma se acortarían los plazos y la Ley del Referéndum, necesaria para celebrar la votación, podría ser aprobada a través de lectura única. En esencia, cercenar el debate, evitar enmiendas de la oposición y aprobar la ley de forma exprés en un solo día.
Existe una última opción, contemplada como poco menos que un intento de salvar el referéndum a la desesperada y que prácticamente nadie contempla. Sobre todo por las consecuencias que podría traer. En este caso, al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Sin más cartas sobre la mesa, podría ser el jefe del Ejecutivo quien activara la votación secesionista a través de un decreto ley. Si así fuera, la Ley del Referéndum entraría en vigor en cuanto se publicara en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el BOE catalán. A partir de ese momento, Puigdemont contaría con 30 días para que el Parlament aprobara su decreto. Para entonces, sin embargo, ya se habría celebrado el 1-O, sin opción de paralizarlo a través del Parlament.