En cuanto el Gobierno ha necesitado subir la intensidad de su enfrentamiento con la Justicia, el bloque izquierdista del Consejo General del Poder Judicial ha respondido como en los viejos tiempos, al toque de silbato. El sueño de un CGPJ pacificado se ha roto. Hace pocos días, el informe de la Comisión de Venecia sobre la elección de la mayoría de vocales de este órgano de gobierno de los jueces desarmó el discurso del ministro de Justicia, Félix Bolaños, instalado en la impotencia de sus ataques a la independencia judicial. La desautorización a Bolaños se extendió al bloque sedicente progresista del Consejo, que, pese a tener que aprobar una propuesta de elección de los vocales judiciales de este órgano conforme a los estándares europeos, se ha mantenido enrocado en el actual procedimiento de elección parlamentaria, expresamente rechazado por el Consejo de Europa y, dentro de este, por la Comisión de Venecia.

El detonante inmediato de la actual crisis del Consejo ha sido, sin embargo, la renovación de la Comisión Permanente, entre otras comisiones, en las que la izquierda se ha visto sorprendida por la «disidencia» de un vocal propuesto por Sumar. Su ‘traición’ ha consistido en votar con libertad de criterio. La respuesta del bloque izquierdista ha sido anunciar el fin del consenso en el seno del Consejo y la ruptura de relaciones internas, incluso con la presidenta Isabel Perelló, quien, junto con el vocal de Sumar, votó por una mayoría de vocales conservadores en la Comisión Permanente. La izquierda judicial funciona habitualmente así: solo acepta el funcionamiento democrático del CGPJ cuando ganan las votaciones y, si no las ganan, rompen la baraja o el Gobierno que la apoya cambia el régimen de mayorías, como hizo el de Zapatero en 2004. Entonces y ahora había un pacto previo con el PP, pero los únicos pactos que la izquierda respeta son los que le garantizan la hegemonía. La mano del Gobierno es inocultable en esta reacción desleal y rupturista de los vocales de izquierda, aunque a los intereses de La Moncloa en esta crisis se unan las disputas internas de un bloque progresista mal avenido, que nunca fue tan homogéneo como el PSOE y sus socios esperaban. La dimisión presentada por el vocal Fernández-Seijo, figura central del grupo de izquierda en el CGPJ, es un ejemplo de falta de sentido institucional y de subordinación del funcionamiento democrático de las instituciones al logro de los objetivos personales. Irse del Consejo porque no ha ganado una votación resulta pueril y, si esta es la visión que este vocal tiene de su función pública, la presidenta Isabel Perelló haría bien en aceptar su dimisión, porque no tiene las condiciones necesarias para el cargo.

El contexto de esta ruptura interna –aunque habrá que confiar en que la actitud siempre prudente de Perelló pueda cerrarla– no es otro que el agobio del Gobierno por la presión judicial en los casos de corrupción que afectan al PSOE y al presidente Sánchez. El Consejo General del Poder Judicial encarna la independencia de unos tribunales que los socialistas han identificado como su principal adversario y, para combatirlo en igualdad de condiciones, necesitan deslegitimarlo mediante la conversión de los jueces en actores partidistas. Nada sucede en este momento en las relaciones entre el Gobierno y la Justicia que no responda al espíritu de confrontación abierta para blindar a Pedro Sánchez y al PSOE frente a unos procesos que siguen avanzando de la mano de ese peligroso y reaccionario, para la izquierda, principio de la independencia judicial.