PODEMOS y los partidos nacionalistas volvieron a demostrar ayer en el Congreso su doble rasero al votar en contra de la concesión del suplicatorio que ha cursado el Tribunal Supremo para poder investigar al portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs, por la consulta ilegal del 9-N. Se trata de partidos, en especial la formación que lidera Pablo Iglesias, que se llenan la boca denunciando tanto las injerencias políticas en la Justicia como los privilegios de «la casta», entre ellos el aforamiento del que gozan todos los parlamentarios. La hemeroteca está llena de declaraciones de los líderes de Podemos contra esta prerrogativa. Y actuales diputados de la formación morada como Diego Cañamero decidieron asumir su cargo renunciando al aforamiento, aunque el gesto no fuera más que un brindis al sol propagandístico.
Y, sin embargo, en la primera ocasión que ofrece la legislatura para que los partidos demuestren con los hechos, y no con palabrería, que los políticos deben poder ser juzgados exactamente igual que cualquier otro ciudadano, la coalición de Iglesias y los nacionalistas se comportan como si el imperio de la ley no fuera con ellos. Pronto han olvidado Iglesias, Errejón y los suyos la ristra de tuits que han dedicado a políticos como Rita Barberá y tantos otros por intentar escabullirse de la Justicia envueltos en su aforamiento. Lo dicho: un doble rasero difícilmente defendible.
En todo caso, PP, PSOE, Ciudadanos y algunos otros partidos minoritarios dieron ayer luz verde en la Comisión del Estatuto del Diputado al dictamen favorable a la concesión del suplicatorio, paso previo a la votación en este mismo sentido que previsiblemente se celebrará en el Pleno de la Cámara Baja a finales de este mes. Homs será investigado por el Alto Tribunal por su participación en la pseudoconsulta independentista del 9 de noviembre de 2014. El hoy parlamentario de PDECat era entonces conseller de la Presidencia de la Generalitat, bajo la presidencia de Artur Mas, contra quien ya se ha abierto juicio oral –junto a las ex conselleras Joana Ortega e Irene Rigau– por los mismos hechos. Están acusados de los presuntos delitos de prevaricación y desobediencia grave por la organización y celebración del referéndum ilegal de independencia. La Fiscalía pide para Mas 10 años de inhabilitación. Homs prestó declaración el pasado septiembre ante el Supremo, pero, por su condición de aforado, no puede ser investigado en tanto en cuanto el Congreso no conceda el preceptivo suplicatorio.
Pero Podemos y los partidos nacionalistas vascos y catalanes no sólo buscaban ayer entorpecer el curso normal de la Justicia. Sus portavoces volvieron a demostrar un cinismo meridiano y mintieron sin pudor al decir que Homs está siendo «perseguido por sus ideas», tachando la causa abierta de «proceso político». Nada más lejos de la realidad. A ninguno de los dirigentes de la antigua Convergència se les juzga por ser independentistas, algo que pueden defender con total legitimidad, ni por haber puesto las urnas en la calle, como les gusta repetir incansables. Se les juzga porque de forma «intencional y consciente» –como reflejó un juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña– se negaron a cumplir una orden del Tribunal Constitucional que explícitamente instó al Govern a impedir la celebración de una consulta que era manifiestamente ilegal.
Cumplir la legalidad vigente y acatar los fallos de los tribunales es obligación de cualquier ciudadano en un Estado de Derecho como el nuestro, máxime de quienes ostentan cargos de responsabilidad política. Nadie puede estar por encima de la ley, lo que incluye lógicamente al hoy diputado Homs. Y sólo corresponde a los tribunales dirimir si la vulneró o no, para lo que debe ser investigado ante los claros indicios de que cometió prevaricación por omisión. ¿O es que Podemos cree que los políticos sí tienen el derecho a hacer lo que les venga en gana?