Con su citación para declarar ante el magistrado instructor de la Sala Segunda, la situación de Álvaro García Ortiz ha pasado de insostenible a ilegítima. Su permanencia al frente de la Fiscalía provoca en esta institución una crisis sin precedentes, al convertirse en el primer fiscal general del Estado que es llamado a declarar como investigado y que se atreve a mantener la jefatura de los acusadores públicos en tal circunstancia. El auto del magistrado Ángel Hurtado, con todo lo provisional que es, dada la fase del proceso en que se encuentra, y sin merma de la presunción de inocencia, narra una secuencia de indicios documentados que ponen a García Ortiz tanto a las puertas de su imputación formal como del banquillo de los acusados. En este caso no servirán las tretas legislativas que urde el Gobierno para anular a la acusación popular, porque está personada la víctima como acusadora particular. Pedro Sánchez ve así como ‘su’ fiscal general, aquel al que había que pedir perdón porque su teléfono móvil estaba «limpio», queda retratado en el auto del Tribunal Supremo como el jerarca de una trama coordinada de fiscales obedientes para cometer un delito de revelación de secretos. Si no es un grupo criminal, en sentido estricto, se le parece mucho. No ha servido de nada buscar como coartada al jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, ni orquestar el mantra de que García Ortiz y sus fiscales de confianza se limitaron a combatir un bulo.

Es inaudito que un cargo constitucional del Estado de derecho anteponga sus intereses y los del Gobierno al que sirve dócilmente a los de la Justicia que prometió defender al ser nombrado fiscal general del Estado. Esta es la triste explicación del papel que está haciendo la Fiscalía en los asuntos que directamente conciernen al núcleo más personal de Sánchez. España está viendo el secuestro del Ministerio Público por un Gobierno cuya única prioridad es ir ganando días de permanencia en el poder, manipulando el sentido de la ley democrática, degradando el funcionamiento de las instituciones y alentando los peores discursos contra la independencia judicial.

Un párrafo del auto del magistrado Hurtado explica el temor del PSOE a la acción de la Justicia. Aquel en el que afirma que desde la Presidencia del Gobierno «se hacen gestiones para la publicación» en un medio afín del correo del abogado de Gónzalez Amador con el fiscal. Gestiones que llegaron hasta Juan Lobato y que, como adelantó ABC, éste llevó ante un notario preventivamente, no fuera a ocurrir lo que está ocurriendo. Queda por hallar el cruce de llamadas y mensajes que García Ortiz borró de su móvil, convencido de que, antes o después, el juez llegaría a esa fuente de prueba. Torpe fue la decisión del borrado, que no hizo sino aumentar la robustez de todos los indicios que el auto del Supremo narra con precisión. Quizás ahí esté el eslabón que pueda unir a la Presidencia del Gobierno con la trama dirigida por García Ortiz y abrir la puerta de La Moncloa. Si Pedro Sánchez dice que es «su» fiscal general, habrá que creerlo, pero con todas las consecuencias.

No hay que esperar gran cosa de la futura declaración de García Ortiz a finales de mes. Si borró la memoria del móvil, también borrará su memoria personal. Por eso, por estos antecedentes de obstrucción a la Justicia, poco importa lo que diga García Ortiz. Él mismo se ha encargado de hacerse irrelevante como prueba de su inocencia. Ahora mismo, su única misión es hacer el favor de irse a los fiscales a los que dice representar. Cuanto antes mejor.