Victoria Prego-El Independiente
El Tribunal Supremo ha puesto negro sobre blanco la realidad dramática que ha padecido España -y sigue padeciendo, aunque en menor medida ahora que los jueces han entrado en acción- por culpa del intento de los dirigentes secesionistas de doblegar al Estado y forzarle a capitular frente a su propósito de romper la unidad de España.
Los tres magistrados de la Sala de Apelación deben de tener un grado de enfado muy considerable y una cierta prisa para explicar con toda claridad la situación límite generada en Cataluña por los independentistas desde el pasado mes de septiembre, porque han aprovechado la respuesta al recurso planteado por Jordi Sánchez para darle un buen repaso a los jueces del tribunal alemán que se han permitido el lujo insólito de saltarse a la torera el espíritu que anima la euroorden y han decidido que lo que en el Tribunal Supremo de España describen en su escrito como un delito de rebelión no es equivalente al delito de alta traición que está contemplado en el Código Penal alemán. Y que, en consecuencia, no se puede juzgar por ese delito al máximo responsable de haber declarado nada menos que la independencia de Cataluña.
Se hubiera necesitado más violencia, vienen a decir los jueces alemanes, la suficiente como para haber provocado lo que precisamente el Estado está en la obligación de evitar y que el Código Penal castiga con las penas máximas: la efectiva victoria de los secesionistas sobre ese Estado.
Por eso dicen que “alta traición existe cuando la voluntad del órgano constitucional afectado ha sido completamente eliminada”. Es decir, cuando el golpe de Estado se ha consumado, en cuyo caso no ha lugar a la detención de los responsables ni a la celebración de juicio alguno porque el poder habrá pasado a manos de los golpistas triunfantes que, en todo caso, perseguirían a quienes se opusieron sin éxito a sus planes.
En Alemania están prohibidos los partidos que se propongan desgajar el Estado y pretendan la independencia de cualquiera de sus länder
Otra de las cosas que argumenta el tribunal de Schleswig-Holstein es que “se debe pensar el conjunto del caso como si el autor fuera un alemán y como si en los hechos estuvieran implicadas las instituciones alemanas”. Pero eso es de todo punto imposible porque lo primero que ocurre es que en Alemania están prohibidos los partidos que defiendan o se propongan desgajar el Estado y pretendan la independencia de cualquiera de sus länder.
Son sólo dos ejemplos para ilustrar las bases de las que han partido los jueces de ese tribunal regional que se ha atrevido a oponerse a la cúpula del poder judicial de un país miembro de la Unión Europea no sólo firmante sino impulsor de la Orden de Detención Europea que, entre otras cosas, suprime el principio de doble incriminación, que antes permitía que un país se negara a entregar al acusado si los hechos que se le incriminaban no estaban tipificados como delitos en su legislación.
La aplicación de esta normativa, que es común para todos los países miembros, parte de un principio esencial: el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y la aceptación compartida de que todos los países de la Unión Europea disponen de sistemas judiciales justos y de garantías legales plenas.
Bien, pues precisamente esto es lo que los jueces alemanes se han saltado a la torera, lo cual es un insulto para España y una humillación intolerable al más alto tribunal español. Y a eso es a lo que los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge responden ahora con notable contundencia, y también con elegancia, aunque no sin dejar de ponerlos en evidencia por la broma de comparar el desastre del desafío secesionista catalán con una manifestación masiva de los ciudadanos de Frankfurt que se oponían a la construcción de una nueva pista en el aeropuerto.
Los jueces alemanes no han encontrado otro ejemplo mejor y tiran con Frankfurt de una comparación totalmente falta de rigor y decididamente ridícula
Ahí los magistrados españoles ponen frente al espejo a los autores de esa desdichada sentencia. Porque hay que insistir: los jueces alemanes no han encontrado otro ejemplo mejor y más próximo al que referirse y tiran de una comparación totalmente falta de rigor y decididamente ridícula por la sencilla razón de que los partidos independentistas están directamente prohibidos en la ultrademocrática Alemania, con lo cual se ahorran el problema de un plumazo. Ni más ni menos.
Y no sólo eso. El Tribunal Supremo hace un relato suficientemente detallado de lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos meses y lo acompaña de sus consideraciones jurídicas, de modo que no sólo constituye una respuesta muy contundente a la sentencia alemana sino un mensaje para consumo de los españoles. Y el mensaje nos dice que el TS no va a cejar en su valoración de los delitos cometidos por los independentistas -es decir, que estamos ante un caso claro de rebelión- y que no va a abandonar su posición.
Los procesados deben ir tomando nota. Ya pueden emprender una campaña de desafío al Alto Tribunal, como han hecho en los últimos días los dirigentes encarcelados, porque pierden el tiempo. Ya puede el señor Puigdemont intentar embarrar el campo más aún de lo que ya lo está, que sus señorías no van a cambiar el paso y todos los que sean juzgados lo serán por los tipos que indica el Código Penal español. Pase lo que pase, en esta España plenamente democrática, respetuosa de las libertades individuales pero cumplidora de las leyes, quienes se hayan enfrentado tan brutalmente a ellas pagarán por lo cometido. Y eso nos proporciona la tranquilidad de la que nos ha privado con sus desdichadas declaraciones un miembro del Gobierno. Hablo de las palabras pronunciadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, empeñado en sostener por segunda vez que “ni un euro de dinero público” se usó para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre.
No tiene nada de sorprendente que Oriol Junqueras haya repetido palabra por palabra lo que el ministro sigue empecinado en mantener a pesar de que la Guardia Civil tiene sobradamente acreditado lo contrario.
Los correos electrónicos intervenidos a los principales líderes independentistas revelan con todo detalle el plan que urdieron para financiar y permitir el referéndum ilegal del 1 de octubre pasado. Pero el ministro insiste una y otra vez en negarlo. Si sólo fuera un caso de soberbia de un crecido Cristóbal Montero, rebosantemente orgulloso de la recuperación económica lograda durante su mandato, la cuestión no pasaría de una polémica más o menos técnica, pero no es así.
Llarena y el Supremo tienen que defenderse además del fuego amigo lanzado desde el mismísimo Gobierno. Muy lamentable
Es que esa información aportada por la Benemérita es en la que se basa el juez instructor para imputar a los dirigentes de la Generalitat el delito de la malversación de fondos públicos. ¿Es posible que el ministro de Hacienda esté tan ciego y tan pagado de sí mismo que no haya caído en la cuenta de que defender por encima de todo la excelencia de su gestión provoca un daño irreparable al esfuerzo de los jueces españoles por impedir que el asalto a la legalidad y a la Constitución quede sin castigo?
De este modo el juez Pablo Llarena y el Tribunal Supremo en su conjunto no solamente se ven obligados a lidiar con el desconocimiento y la falta de respeto perpetrado por unos inconsistentes jueces alemanes hacia los acuerdos plasmados en la Orden de Detención Europea que obligan a todos los miembros de la UE, sino que tienen que defenderse además del fuego amigo lanzado desde el mismísimo Gobierno. Muy lamentable.