El Congreso puede delegar facultades fiscales al presidente, pero ha de hacerlo de manera limitada: mediante autorizaciones expresas, con topes cuantitativos y temporales o sujetas a requisitos procedimentales como investigaciones previas o audiencias públicas. La Ieepa no contenía ninguna de estas restricciones, y precisamente por ello fue el instrumento preferido de Trump: le habilitaba (según su errónea interpretación) a subir aranceles sin límite de cuantía, sin plazo de caducidad y sin requisito previo alguno.

Quizá quien mejor sintetizó el corazón de la sentencia fue Gorsuch: puede ser tentador eludir el Congreso cuando surge un problema apremiante, pero el proceso legislativo existe para que la nación aproveche la sabiduría combinada de los representantes del pueblo, «no solo la de una fracción o la de un solo hombre». Y a quienes se sientan decepcionados, les ofrece una advertencia: «si la historia sirve de guía, llegará el día en que apreciarán el proceso legislativo como el baluarte de la libertad que es». Dicho más llanamente: cuando gobierna nuestro ‘tirano’ favorito, queremos que haga y deshaga a su gusto; cuando gobierna el que más odiamos, apreciamos los contrapesos institucionales.

El magistrado Kavanaugh, en su voto disidente, sostiene que Trump podrá reproducir su política arancelaria mediante otras leyes, de modo que impedirle hacerlo a través de la Ieepa apenas tiene consecuencias. Se equivoca. Trump no utilizó la Ieepa por casualidad, sino porque le dejaba las manos más libres. Las alternativas (secciones 122, 201, 232, 301 y 338, repartidas entre tres leyes distintas) imponen todas limitaciones severas. La 122, que Trump acaba de invocar para fijar un arancel global del 15 por ciento, limita el arancel máximo a ese 15 por ciento, caduca en 150 días y exige uniformidad entre países: no sirve como herramienta de negociación bilateral.

A efectos prácticos, el Congreso ejercerá mucho más control sobre la arbitrariedad del Ejecutivo al fijar aranceles, es decir, impuestos. A los liberales no nos gusta que nadie tenga la facultad de atacar la propiedad privada, ni el Ejecutivo ni el Legislativo. Pero sí nos gusta que la separación de poderes ponga palos en las ruedas de la maquinaria expoliadora del Estado. Eso es lo que acaba de hacer el Supremo y, por eso, la sentencia es bienvenida: un mazazo contra el proteccionismo neomercantilista..