Las sospechas que pesan sobre la participación de José Luis Ábalos en el caso Koldo se han sustanciado este martes judicialmente, después de que el Tribunal Supremo haya acordado investigar al exministro por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos públicos.
La dimensión del acontecimiento la da el recordar que para ver a un exministro investigado por el Supremo por hechos acaecidos durante su etapa en el Gobierno hay que remontarse hasta el caso de José Barrionuevo.
Y no son pocos los indicios contra Ábalos. Según la UCO, un presunto testaferro de Víctor de Aldama abonaba el alquiler de la vivienda de lujo de la entonces novia del exministro. Ábalos alquilaba un chalet en La Línea de la Concepción que era propiedad de Aldama. Y la Guardia Civil señala al «binomio Koldo-Ábalos» como parte de la presunta organización criminal cuyo «nexo corruptor» sería el empresario.
Cabe recordar además que la incipiente investigación a Ábalos tiene por objeto la supuesta trama de corrupción relacionada con la contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia. Pero la UCO sigue investigando, y aún quedan muchos flecos por dilucidar que podrían implicar aún más al socialista. Entre ellos, su relación con Delcy Rodríguez o las circunstancias que envuelven al rescate de AirEuropa por el que presionó el exministro (y por el que, según desveló EL ESPAÑOL, Koldo y Aldama habrían cobrado 500.000 euros).
En cualquier caso, las líneas de defensa de cada una de las partes están ya delineadas: el Gobierno seguirá alegando que no sabía nada de lo que hacía Ábalos con Koldo, y Ábalos argumentará por su parte que no sabía nada de lo que hacía Koldo con Aldama.
Resulta de por sí inverosímil pensar que Pedro Sánchez no estaba al tanto de los tejemanejes en que andaba inmerso su persona de máxima confianza, teniendo en cuenta que lo cesó misteriosamente en 2021 y que le advirtió en 2023 sobre las malas compañías que frecuentaba el exministro. Pero lo que es innegable es la responsabilidad política del presidente al incluirle en su equipo, por mucho que se esfuerce en eludirla.
En primer lugar, en coherencia con el estándar moral que él mismo le aplicó al Partido Popular para apearlo del Gobierno, mediante una moción de censura motivada por una conexión del PP con la trama Gürtel mucho más tangencial que la del PSOE con el caso Koldo.
En este sentido, es muy reveladora la inclusión en la resolución del Supremo del párrafo de la exposición del instructor de la Audiencia Nacional en el que destacaba el «papel principal» de Ábalos, en su doble condición de ministro y de secretario de Organización del PSOE, en el entramado creado por el empresario Víctor de Aldama para conseguir negocios con las Administraciones públicas. Lo que implica que el Alto Tribunal asume este relato incriminatorio.
La investigación a Ábalos supone por tanto que está bajo sospecha no sólo el que fuera titular del principal ministerio del Gobierno en cuanto a volumen de inversiones, sino también el número dos de facto del PSOE. Y fue Sánchez quien lo nombró para ambos cargos.
En segundo lugar, las responsabilidades de Sánchez por el caso Ábalos son ineludibles en coherencia con la suspensión de militancia del exministro. Porque si el PSOE le obligó a dejar el grupo parlamentario tras la imputación de Koldo, por no haber vigilado la conducta de su asesor, ¿no debería asumir el superior de Ábalos una responsabilidad análoga cuando próximamente se impute a su entonces lugarteniente?
Porque el exsecretario de Organización del PSOE no es ni mucho menos un personaje periférico, sino el núcleo de la biografía política de Sánchez. Muñó la campaña para las primarias que le devolvió a la Secretaría General del PSOE. Y fue también él quien defendió la moción de censura, en pos de la «ejemplaridad», que le aupó a la Presidencia del Gobierno.
Decir por tanto que Koldo fue a Ábalos lo que Ábalos fue a Sánchez se queda en realidad bastante corto.