La convalidación del decreto-ley de la reforma laboral amenaza con convertirse en el talón de Aquiles del Gobierno de Pedro Sánchez y, tal vez, en el acontecimiento que desencadene su declive. A principios de febrero tendrá lugar la votación en el Congreso y a día de hoy no parece que haya nada amarrado para dar viabilidad a la acción reformadora del inquilino de la Moncloa. Tan es así, que el llamado bloque de investidura se muestra muy dividido en esta materia, principalmente porque los nacionalistas vascos y catalanes no parecen dispuestos a conceder su apoyo si no se cambia el texto de la norma. Ambos desean fragmentar el mercado de trabajo por la vía de establecer la prevalencia de los convenios colectivos de ámbito autonómico. Y, además, tanto desde ERC como desde EH Bildu se aspira a restablecer algunas regulaciones que se heredaron del franquismo, en particular las que establecen un alto nivel indemnizatorio para el despido improcedente. Hay que dejar claro a este respecto que, actualmente, después de la reforma de Fátima Báñez en 2012, ese nivel es uno de los más altos entre los grandes países europeos, por lo que no parece que reforzarlo sea una buena idea, tanto más cuanto que opera como una barrera de entrada al mercado de trabajo y, por tanto, afecta al nivel de empleo. Eso en un país que exhibe las mayores cifras de paro de Europa es muy poco sensato.

Desde el Gobierno se sostiene, frente a las referidas exigencias, que estamos ante «una buena reforma laboral que acaba con la precariedad y la temporalidad, y que da [a los jóvenes] oportunidades de emanciparse y tener un salario digno». Una lectura ésta sin duda benévola con unos cambios en el modelo de negociación colectiva que devuelven el mercado de trabajo a los tiempos en que los salarios estaban desvinculados del nivel de empleo y de la productividad; así como a una regulación de la temporalidad que conducirá a unos costes de despido muy próximos a los de los trabajadores fijos –que, como acabo de señalar, son muy altos en términos comparativos internacionales–. Esto último es importante porque, en efecto, el actual exceso de temporalidad que existe en nuestro mercado de trabajo está determinado por las amplias diferencias que separan, por sus costes de despido, a los trabajadores fijos y a los temporales. Pero la solución a este problema no es homogeneizar las indemnizaciones por arriba sino por abajo, pues de otro modo no será verdad que la reforma vaya a promover la emancipación juvenil y su subsistencia económica.

Por lo que acabo de señalar, entiendo que la reforma supone un retroceso relativamente severo y que es un engaño tratarla como un cambio cosmético o un mal menor. En este sentido, la oposición que ha expresado el PP a aprobarla me parece un acierto; y considero que la posición de Vox al respecto, al tildarla como «un acto de propaganda masiva», constituye una vía de escape para evitar pronunciarse de momento. Claro que peor es la actitud de Ciudadanos, pues este partido está dispuesto a prestar su apoyo «si no se toca ni una coma y no se cede al chantaje de EH Bildu, ERC y toda la patulea de socios nacionalistas de Sánchez». La frase, pronunciada por Arrimadas, puede parecer incluso ingeniosa, pero oculta el hecho incomprensible de que el voto positivo de ese partido contravendría sus posiciones programáticas en este terreno. Y tal mudanza no señala nada bueno para el porvenir de Ciudadanos, un partido que, cada vez más, parece deambular desnortado por la política española.

Claro que el apoyo de Cs a la reforma laboral irrita a Unidas Podemos, que ya está advirtiendo a Sánchez que hay que desechar esa opción y cuidar al bloque de investidura. ¿Significa esto que en UP anida ya el fermento de la ruptura con el PSOE? Yo no me atrevería a afirmarlo, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que, en este asunto, se está formando un nudo gordiano imposible de desatar. Y ello revela la tremenda debilidad política del sanchismo, en la que el presidente puede encontrar su talón de Aquiles.