La portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, dejó ayer claro que la Generalitat no piensa renunciar a celebrar el referéndum de independencia en Cataluña, pese a que el Tribunal Constitucional anuló ayer la hoja de ruta hacia esa votación que aprobó el Parlament y amenazó con abrir la vía penal contra miembros de la Mesa.
Munté evitó en todo momento usar la palabra desobediencia, pero sí dijo que el Govern no frenará el proceso que, según la Generalitat, llevará a los catalanes a votar de forma vinculante sobre la independencia antes de septiembre.
Aseguró que la decisión del TC «no altera en nada la voluntad inequívoca de trabajar para celebrar un referéndum en 2017». Tras afirmar que la resolución parlamentaria anulada, aprobada con los votos de Junts pel Sí y de la CUP, se ampara en la «libertad de expresión» de los diputados, manifestó que Carme Forcadell y los demás miembros independentistas de la Mesa de la Cámara tienen «el apoyo» del Govern.
La portavoz del Ejecutivo catalán también recordó que la hoja de ruta hacia el referéndum ya fue suspendida cautelarmente por el TC hace algunos meses. «Y eso no ha impedido que el Govern haya continuado defendiendo su voluntad de hacer un referéndum: no ha impedido que se constituyera el Pacto Nacional por el Referéndum, ni que intentemos un acuerdo con el Estado», sostuvo. Sin embargo, no quiso poner una fecha para un desistimiento final de esa vía muerta y la adopción explícita de la consulta unilateral.
«No hay ninguna resolución de ningún tribunal que pueda alterar el planteamiento de hacer un referéndum. Y menos con el apoyo de una mayoría parlamentaria, como es el caso», concluyó.
La sombra de otro proceso penal contra Forcadell empezó a planear ayer cuando el Pleno del Tribunal Constitucional decidió anular la resolución del Parlament que aprobó la celebración de un referéndum por la independencia de Cataluña en 2017. De esta forma se estimaba el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno, que planteó que esa resolución incumplía una vez más la sentencia del mismo tribunal que en 2015 anuló el proceso de desconexión.
En este sentido, se anulan los apartados de la resolución aprobada el 6 de octubre titulados «Referéndum» y «Proceso Constituyente», ambos dentro del Título dedicado a «el futuro político de Cataluña».
El Constitucional suspendió en diciembre el acuerdo de forma cautelar a petición de la Abogacía del Estado. El tribunal también acordó informar a la Fiscalía para que valore si debe actuar penalmente contra la presidenta del Parlament y el resto de miembros de la Mesa que votaron a favor de la resolución independentista. En este sentido, el Constitucional actúa como lo hizo con la primera supuesta desobediencia cometida por Forcadell, que acabó con una querella de la Fiscalía por este delito y su posterior imputación por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), una investigación que está a punto de finalizar.
En esta ocasión el Constitucional también da luz verde a la Fiscalía para que extienda su querella a cuatro miembros independentistas de la Mesa del Parlament que dieron curso a la resolución declarada inconstitucional. En concreto, el Pleno acuerda «deducir testimonio de particulares a fin de que el Ministerio Fiscal proceda, en su caso, a exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder» tanto a Forcadell como al vicepresidente primero de la Mesa, Lluís Maria Corominas (Junts pel Sí), a la secretaria primera, Anna Simó (Junts pel Sí), al secretario tercero, Joan Josep Nuet (Catalunya Sí que es Pot), y a la secretaria cuarta, Ramona Barrufet (Junts pel Sí).