Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 15/6/2011
Lo característico de España es que la obediencia de todos los poderes e instituciones al partido del Gobierno y, cuando su concurso es necesario, al Partido Popular, ha adquirido rasgos verdaderamente patológicos y ha abierto una crisis en nuestras instituciones democráticas.
Aunque Montesquieu asentó para la historia el principio de separación de poderes en un momento (1735) en que aquellos tenían poco que ver con los que hoy caracterizan el funcionamiento de un moderno Estado democrático, es verdad que la teoría de que sin poderes divididos no existe libertad sigue siendo tan cierta hoy como lo era cuando la formuló el filósofo francés.
La calidad de la democracia de un país se mide, de hecho, en buena parte por la forma en que los titulares de los poderes del Estado respetan su separación indispensable. Y más, como es obvio, en un sistema parlamentario, en el que la fusión entre poder ejecutivo y parlamento puede acabar conduciendo a que todo acabe al final subordinado a las directrices del Gobierno, cuando no directamente a las de su presidente.
Lo característico de España a ese respecto es que la obediencia de todos los poderes e instituciones al partido del Gobierno y, cuando su concurso es necesario, al Partido Popular, ha adquirido rasgos verdaderamente patológicos y ha abierto una crisis en nuestras instituciones democráticas que ni tiene precedente en el período previo a la llegada de Zapatero a la Moncloa ni encuentra desviaciones similares en otras democracias asentadas, con la única excepción de Italia, que es, para nuestra desgracia, el país al que vamos pareciéndonos a paso de gigante.
La gravísima crisis del Tribunal Constitucional -que no es un poder del Estado, pero sí una institución básica para que el sistema constitucional funcione de un modo adecuado- debe situarse en ese contexto, que supera ya de largo el grado de alarmante. Pues lo increíble no es solo que tres magistrados hayan renunciado a seguir en sus puestos tras varios meses de retraso en su renovación (resultando curioso, en todo caso, que hayan esperado para hacerlo más de medio año), sino que todas las últimas renovaciones del Constitucional se hayan atrancado (¡tres años la reciente de los elegidos en el Senado!) por un único motivo: la desvergonzada voluntad de los dos grandes partidos de controlar al tribunal, voluntad cuyo éxito explica, no lo duden, sentencias tan asombrosas como la de Bildu o el Estatuto catalán.
Decía Churchill que la democracia es el peor de los sistemas posibles, excluidos todos los demás. No tengo de ello duda alguna. Pero algo serio no marcha en la democracia de un país cuando en el período de dos legislaturas ocurren, como han sucedido en las de Zapatero, tantas cosas que no tienen precedentes: las manifestaciones de militares y guardias civiles, la huelga de jueces, la declaración de un estado de alarma y, ahora, la renuncia de magistrados del TC. Puede que la coincidencia de todos esos hechos insólitos, y otros varios que podrían mencionarse, sea casual, pero todo indica lo contrario.
Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 15/6/2011