ABC 20/09/14
· Esta vez el Pleno actuará de forma inmediata ante la proximidad del 9-N
Es inconstitucional Hace seis meses el TC dijo que una comunidad autónoma no puede decidir sobre su integración en España
El Pleno del Tribunal Constitucional va a tener un papel trascendental esta semana para frenar el desafío independentista de Artur Mas. Si se cumplen los plazos previstos, el Gobierno presentará su recurso contra la ley de consultas antes del próximo martes, fecha en que el TC se reúne en Pleno (hasta el jueves). El mismo martes podría admitir a trámite la impugnación del Ejecutivo, lo que suspenderá de forma automática la ley por un periodo de cinco meses prorrogables.
La celeridad en la actuación del órgano de garantías viene marcada por los propios plazos fijados por los independentistas para celebrar un referéndum el 9 de noviembre. De hecho, el Gobierno podría invocar esa urgencia en el escrito que presentará ante el TC, en el que pedirá (tiene que hacerlo de forma explícita, recuerdan fuentes del Tribunal) la aplicación del artículo 161 de la Constitución: la suspensión automática de la norma impugnada.
No hubo esta premura con los plazos en el caso de la declaración soberanista aprobada el 23 de enero de 2013 por el Parlamento catalán y que definía a Cataluña como «sujeto jurídico y político soberano». En aquella ocasión la impugnación del Gobierno –que estuvo estudiando durante varias semanas si ese texto tenía o no validez jurídica– no entró en el TC hasta el 8 de marzo.
El desinterés de Pascual Sala
Dos meses después, el 8 de mayo, el Pleno admitía a trámite el recurso del Gobierno con la consecuente suspensión automática de la declaración. Faltaban dos plenos para que Pascual Sala dejara de ser presidente del TC, y lo cierto es que Sala lo metió en el orden del día con calzador, después de que sectores del Tribunal consideran «llamativo» e «injustificado» el retraso en abordar en Pleno una cuestión tan relevante como esta, por cuanto suponía el embrión jurídico del desafío independentista.
Como entonces, también ahora el trámite de admisión del recurso del Gobierno se llevará a cabo mediante una providencia en la que, además de decretar esa suspensión cautelar, se notificará al Parlamento catalán que dispone de veinte días para formular las alegaciones y presentar la documentación que considere oportunas.
El tiempo que tarde el TC en entrar en el fondo del asunto es otra cuestión, y más teniendo en cuenta que, una vez desactivada la consulta, ya no corre tanta prisa la resolución. En el caso de la declaración soberanista, desde la admisión del recurso del Gobierno hasta que los magistrados tumbaron el texto (25 de marzo de este año) transcurrieron diez meses. La decisión se tomó con la unanimidad de los doce magistrados, una cuestión que no es baladí y en la que el presidente, Francisco Pérez de los Cobos, se empleó a fondo durante meses para lograr trasmitir esa imagen de unidad ante el desafío nacionalista.
«En el marco de la Constitución una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España», sostuvo el TC hace apenas seis meses. Un argumento que parece tener cierta solvencia cara a un futuro inmediato.