El Ejecutivo ha desplegado este lunes un teatrillo para trasladar la impresión de que es capaz de gobernar, activando el proceso para presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado y presentando los primeros detalles de la reforma del modelo de financiación autonómica en la que trabaja.
En la reunión del último Consejo de Política Fiscal y Financiera, prevista para informar a las comunidades de la senda de déficit y gasto público para el año que viene, María Jesús Montero ha adelantado que la propuesta que prevé presentar entre finales de enero y mediados de febrero contempla una parte general aplicable al régimen común y la opción de negociar con cada comunidad sus propias «singularidades».
Es evidente que el Gobierno ha entrado en modo electoral y ha tomado la financiación autonómica como arma política.
Montero ha garantizado que todas las CCAA recibirán un 7,7% más de recursos que el año pasado y una mayor cesión de impuestos. Pero, por otro lado, se penalizará a las regiones que ejerzan «dumping fiscal» bajando impuestos.
Un cuestionable híbrido de «negociación multilateral y bilateral» equivale, como ha denunciado el gobierno de Emiliano García-Page, a una forma de reconocer privilegios y ventajas a unas comunidades en detrimento de otras bajo el disfraz de la «singularidad».
La financiación a la carta es una forma de presionar a las comunidades autónomas del PP (que son las que mantienen bonificados impuestos como Patrimonio o Sucesiones y han recortado parte de su tarifa autonómica del IRPF) en el momento en que varias de ellas se encuentran en plena precampaña electoral.
El ardid, que pone a los presidentes del PP entre la espada y la pared, revela que al Gobierno no le importan tanto los Presupuestos como la financiación autonómica.
Porque gracias a esta propuesta puede engatusar a ERC y demostrarle que tiene intención de cumplir con el acuerdo para el cupo catalán.
Pero, además, dado que el modelo será previsiblemente rechazado por las comunidades de la oposición (además de Castilla-La Mancha), Moncloa puede cargarse de argumentos para culpar a las regiones del PP de impedir el gasto social que habilitarían una reforma del sistema de financiación y la aprobación de unos Presupuestos expansivos.
Y así le brindaría a Montero (quien además de ministra de Hacienda es candidata en los próximos comicios andaluces) una baza electoral contra Juanma Moreno.
Además, el Ministerio de Hacienda ha propuesto a las comunidades un déficit máximo del 0,1% hasta 2028, lejos del 0,4% que pedían los consejeros de las autonomías del PP.
Que, después de dos años en los que se ha rechazado la senda de déficit (impidiendo así la aprobación de los Presupuestos en los dos últimos ejercicios), el Gobierno haya presentado los mismos objetivos que el pasado julio, invita a sospechar que, como ha postulado Álvaro Nadal en su entrevista con EL ESPAÑOL, María Jesús Montero los ha planteado con la idea de que sean nuevamente rechazados en el Congreso.
De esta forma, el Gobierno tendría excusa para no presentar tampoco los Presupuestos del año que viene. Así Sánchez podría aducir que no ha faltado al compromiso que contrajo de llevar las cuentas al Parlamento . Y, con ello, se dotaría también de una coartada para, eventualmente, convocar un adelanto electoral.