EL CORREO 09/12/13
· El sector más duro del EPPK se niega a hacer gestos con las víctimas y a reconocer el daño causado.
Intentar que no haya escisiones en el colectivo de presos de ETA. Ese es el objetivo que la izquierda abertzale se ha marcado en los últimos meses, después de comprobar cómo un sector de cierta relevancia entre los reclusos no está conforme con la estrategia institucional adoptada por Sortu. Este sector crítico dentro del EPPK – colectivo de internos de la banda– se niega a realizar cualquier gesto hacia las víctimas o a reconocer siquiera el daño causado por sus atentados. El grupo, que algunos dirigentes independentistas cifran en medio centenar de presos de la banda, se está convirtiendo en un auténtico freno a la estrategia del movimiento independentista.
«Lo mismo que en 2010 se temió por una fractura dentro de la izquierda abertzale, ahora los dirigentes de Sortu están preocupados por la posibilidad de que haya una escisión en las cárceles. La postura de la izquierda abertzale es muy clara, pero se están viendo con serias dificultades para lograr un consenso amplio en el colectivo de reclusos», explican en el entorno del partido que dirige Hasier Arraiz. Las mismas fuentes creen que esa ruptura interna es aún una posibilidad lejana porque «fuera» del EPPK «hace mucho frío», pero reconocen que es uno de los motivos que está retrasando los pasos unilaterales del todo el movimiento independentista. «Sortu quiere que una vez que han llegado hasta aquí sin escisiones, todo avance igual», insisten los mismos interlocutores.
En Irlanda del Norte, espejo en el que suelen mirarse los dirigentes de la izquierda abertzale, ya sucedió algo parecido. Allí hubo reclusos que no aceptaron el proceso de paz y el mecanismo de excarcelaciones que se fijó durante las negociaciones entre el IRA y el Gobierno británico. Aquella bandera la recogieron miembros del movimiento republicano que no estaban de acuerdo con aquel proceso.
Sortu teme que en Euskadi la bandera de los presos que no están conformes con la actual estrategia política la tomen los «sectores críticos» con la dirección del partido. Esos militantes que, aunque son un colectivo muy minoritario, son capaces de protagonizar los ataques de kale borroka de las últimas semanas. Un grupo que no apuesta por el regreso de la violencia de ETA, pero que sí discrepa de los métodos que está empleando la izquierda abertzale en las instituciones. Exigen a sus dirigentes ser «más duros con el Estado en la confrontación política», lamentan que, por ejemplo, Amaiur participe en «instituciones que no nos representan» y censuran la asistencia de dirigentes de Bildu como Laura Mintegi y Martin Garitano a homenajes a las víctimas de ETA, cuando «los otros» no participan en los actos de recuerdo a representantes de Batasuna asesinados o cuando el PP y el PSOE no han pedido «perdón» por el franquismo o por el GAL.
«La huelga de hambre de la cárcel de Sevilla es un ejemplo de lo complejo que está siendo todo dentro del colectivo de presos», explica una fuente conocedora de los movimientos en la izquierda abertzale. Durante un mes, una docena de reclusos encabezados por militantes de ETA tan significados como Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, ‘Txikierdi’ (ex jefe militar de la organización terrorista), Gurutz Agirresarobe (asesino de Joseba Pagazaurtundua), Asier Arzalluz (condenado por el intento de asesinato de la edil del PSE en Portugalete Esther Cabezudo) y el histórico etarra Iñaki Arakama, ‘Makario’, han protagonizado un ayuno y mantenido un auténtico pulso con los dirigentes de Sortu y con la propia dirección de ETA. A pesar de que formalmente la protesta tenía que ver con el trato que reciben estos reclusos en el centro penitenciario andaluz, fuentes conocedoras de los entresijos de esa huelga de hambre aseguran que también había un mensaje interno: «han querido transmitir que hay determinados límites que no están dispuestos a sobrepasar».
El gesto se enmarca dentro del debate abierto en el EPPK para emitir una respuesta a las conclusiones del ‘foro social’ que las organizaciones Lokarri y Bake Bidea impulsaron a comienzos de año. Durante dos jornadas expertos internacionales en conflictos como los de Irlanda del Norte y Sudáfrica dieron a conocer sus experiencias. Tres meses después, a finales de mayo, los participantes en aquellos ciclos de conferencias celebrados en Pamplona y Bilbao sacaron un documento con doce recomendaciones. El texto trazaba lo que se entendía que debía ser la hoja de ruta del movimiento independentista vasco y dedicaba un especial apartado a los pasos que debían darse en las cárceles. Entre otras cuestiones, se conminaba a los presos a utilizar los cauces legales y judiciales para conseguir su excarcelación –algo a lo que la banda siempre se había negado–, a dejar constancia de forma nítida de su renuncia «a las vías violentas» y a hacer público «un reconocimiento del daño causado».
Debate «con mucho miedo»
Dirigentes como Hasier Arraiz, Joseba Permach y Pernando Barrena anunciaron durante el verano que la respuesta a las conclusiones del ‘foro social’ llegaría tras el periodo estival, con el arranque del nuevo curso político. Todos ellos dieron a entender que el pronunciamiento sería significativo y novedoso. La respuesta, sin embargo, no se ha producido aún. La mayoría de las fuentes consultadas por EL CORREO esperan que el EPPK dé a conocer su punto de vista antes de final de año, aunque ya hay representantes de la izquierda abertzale que aseguran que «tampoco ocurriría nada» si ese comunicado se llevara a cabo «en primavera».
El debate, mantienen las mismas fuentes, ha sido «terrible» y con «muchos miedos» y, tal y como ha publicado este periódico, ha alumbrado un consenso «de mínimos». El EPPK acepta una de las recomendaciones del ‘foro social’, la de utilizar los «cauces legales» para mejorar la situación penitenciaria de algunos de sus internos. Una decisión que los presos consideran histórica porque aceptar la vía de los tribunales supone poner fin al argumento de que ellos «no son iguales» al resto de reclusos comunes.
La medida de aceptar los «cauces legales» se materializará tanto para los internos en Francia como para los que cumplen condena en España. En el país galo, se permitirá que los presos puedan llevar una pulsera electrónica para facilitar la obtención de la libertad condicional. La iniciativa sólo beneficiará a seis de los 117 internos de la banda en el Estado vecino, la media docena de reclusos que tienen la nacionalidad francesa.
En España, el recurso a los tribunales estará enfocado a conseguir el acercamiento a prisiones de Euskadi. Los primeros beneficiados serán los reclusos enfermos y aquellos que hayan cumplido ya los setenta años. Ambos grupos podrán reclamar desde comienzos del próximo año su traslado a cárceles del País Vasco ante la Junta de Tratamiento de su centro penitenciario, primero, y, si no prospera la petición, ante la justicia ordinaria.
El EPPK no acepta, sin embargo, realizar gesto alguno sobre las víctimas o el daño causado, tal y como recomendó el ‘foro social’ y como la propia izquierda abertzale cree necesario. «Es una solución de compromiso», advierte una fuente cercana a Sortu. «Empezar por los presos enfermos y los que tienen mucha edad –prosigue el mismo interlocutor– se entiende en el contexto de que es muy difícil que otro recluso se oponga a ello. Es el mínimo que todo el colectivo puede aceptar. Luego… ya se verá. De ahí que sólo se haya aceptado una de las recomendaciones del ‘foro social’ y no la del reconocimiento del daño causado».
EL CORREO 09/12/13