EDITORIAL DE EL MUNDO
Entristece constatar que Pedro Sánchez es incapaz de aclarar sus intenciones a los españoles ni en su propia sesión de investidura. Incapaz de asumir que tiene 123 escaños y necesita negociar con lealtad. Incapaz de ser sincero con nadie que no sea de su círculo estratégico más íntimo. Incapaz de renunciar a la táctica electoralista de vuelo corto y abrazar de una vez su responsabilidad de Estado. Cuando parecía que el movimiento de Pablo Iglesias, asumiendo el veto personal que le planteó el propio Sánchez, iba a desbloquear la investidura en virtud de un Gobierno de coalición con ministros de Podemos, Sánchez se plantó en el Congreso y leyó un discurso ensimismado y autocomplaciente.
SÁNCHEZ desgranó su programa con la pasividad terca de quien cree que debe ser votado por obligación. Ni una propuesta concreta expuso sobre fiscalidad ni sobre Cataluña. Es la actitud propia de alguien que entiende la política como un puro juego de poder, carente de programa y de socios coherentes para llevarlo a cabo.
Los líderes de PP, Ciudadanos y Podemos coincidieron en una misma idea: la necesidad de desenmascarar a Sánchez. Significativo propósito que retrata al candidato. Porque más de 80 días después de las elecciones, el político propuesto por el Rey para formar Gobierno –se supone que en virtud de unos apoyos ya negociados y atados– se demoró en vaguedades buenistas que solo persiguen ganar tiempo para seguir negociando la coalición con Podemos o para seguir empujando su deseo de repetición electoral, en la confianza de que las encuestas le sonríen. La irresponsabilidad de semejante plan merecería, sin embargo, un castigo electoral en consonancia. Quizá por miedo a ese escenario, Sánchez se avino al final de la jornada a expresar su voluntad de llegar a un acuerdo con Iglesias, con quien mantuvo un agrio enfrentamiento después de que este le advirtiera de que no serán un «mero decorado» del PSOE ni entienden, como socios preferentes, el afán de Sánchez de buscar la colaboración de PP y Cs. No lo entiende nadie. Si hubiera apostado por una opción netamente constitucionalista, no habría esperado al día de la investidura para reclamar su exploración. Y sobre todo no la habría dinamitado pactando con nacionalistas y populistas en Navarra, Valencia, Baleares o Barcelona.
La dureza frontal de Albert Rivera o el tono más institucional de Pablo Casado vinieron a confluir en lo evidente: Sánchez no puede aspirar a carecer de oposición democrática. Y sus hechos han demostrado que no es un político de fiar. Sánchez busca evadir sus responsabilidades, apela indistintamente a izquierda y derecha para ser investido sin ofrecer nada a cambio y espera que la geometría variable le permita luego ir capeando la legislatura. Pero eso no es un proyecto ni una investidura. Eso es un trágala con amenaza electoral. Y eso no es aceptable en buena lógica democrática.
Harto del ninguneo, Iglesias estalló en una intervención briosa y coherente en demanda de aquello que Sánchez nos regatea a todos: claridad. No se puede engañar a todos todo el tiempo. Quizá hoy Sánchez se avergüence de sus socios de censura, pero ese remordimiento llega ya tarde: debió haberlo pensado cuando solo ansiaba llegar a La Moncloa a cualquier precio. Ahora debe asumir las consecuencias de la deriva radical que impuso al PSOE y de la que ya no puede retractarse sin quedar como un trilero ante todos los españoles, empezando por los de izquierdas. España no se merece el chantaje de Sánchez.