La intervención de ayer en el Congreso de los Diputados de la vicepresidenta tercera y ministra de Transformación Ecológica y Reto Demográfico (si cobra el sueldo en función de la longitud del título de su cartera, se forra) carece de desperdicio. Primero el entorno. Estoy seguro de que, a pesar de las vacaciones, se ha enterado de que los precios de la electricidad se han ido a pasear por el espacio, como Jeff Bezos. Como admite Teresa Ribera, los 10 millones de hogares que han contratado la tarifa regulada soportarán un incremento del 25,8% en 2021 y pasará de 512 a 644 euros de media. Hoy, el coste del megavatio/hora bate un nuevo récord histórico colocando el listón en los 130,53 euros. Un nivel que, según todos los expertos, tendrá una duración efímera. Una subida que presiona al alza el IPC, que en agosto ha sido del 3,3%, su máximo en casi una década y que, si se consolida, abrirá la puerta de los infiernos en unas economías -no sólo la nuestra- megaendeudadas.

Segundo, las declaraciones. El Gobierno no intervendrá en los precios finales de la energía. No impondrá precios máximos ni mínimos. No modificará el sistema de subastas para fijar el precio mayorista ni su mecanismo de precios marginales y no discriminará regulatoriamente ningún tipo de energía. Todas las medidas rechazadas son las le exigen sus propios socios de Gobierno que habrá que ver cómo reaccionan. La razón de su postura son las normas europeas que impiden hacerlo. «No hay nada más perjudicial para los ciudadanos y el tejido productivo de un país que adoptar medidas frontalmente contrarias al marco comunitario porque eso acaba convirtiéndose en pérdida de confianza en el país y en multas y sanciones». Si le interesa conocer mi opinión, estoy de acuerdo.

Tercero, los adornos. Dijo que los precios mayoristas de la electricidad son sólo el 24% del recibo de la luz, lo cual no obsta para que las compañías pasasen a ocupar el centro de su discurso. Les acusó de mostrar una «escasa empatía social». Y se quedó tan ancha. No he tenido tiempo de mirar los datos del conjunto del sector, pero la memoria de Iberdrola informa de los impuestos pagados por ella en 2020. Son 7.475 millones, de los que 2.938 son tributos propios y el resto tributos recaudados para Hacienda con motivo de su actividad. A diferencia de la señora ministra, no sé manejar el termómetro que mide la empatía social, pero la cantidad me parece relevante como aportación a la sociedad. ¿Merecen algún castigo por ello? Pues lo van a tener. Porque lo único que se le ocurre al Gobierno es disminuir los mal llamados ‘beneficios caídos del cielo’ que reciben las centrales, precisamente, las menos contaminantes. Y luego, repartir entre todos los operadores energéticos el coste de las primas a las renovables. Es decir, el petróleo y el gas deberán pagar algo ajeno de lo que tienen ninguna responsabilidad. ¿Por qué razón? Ni idea. Será que pasaban por ahí.