El terror que no existió

Los conceptos políticos tienen por objeto dar cuenta de una realidad, cuya percepción resultaría deformada en el caso de ser descrita mediante términos inadecuados. Un caso particularmente grave, y frecuente, de esa deformación consiste en el recurso a eufemismos o a conceptos sustitutivos que responden a una opción previa orientada a impedir el conocimiento, o a dirigirlo hacia fines políticos particulares. El pensamiento clásico chino supo expresar muy bien los efectos sociales de tal desviación: «Lo esencial es que las designaciones sean correctas –explicaba Confucio–; si no son correctas, las palabras no son adecuadas, los asuntos (de Estado) fracasan y las sanciones y los castigos no pueden ser justos; y si no son justos, el pueblo no sabe cómo actuar».
La advertencia resulta del todo pertinente a la hora de valorar el llamado Plan de Paz y Convivencia impulsado desde el Gobierno Urkullu, y a la vista de su primer producto, el que llamaríamos ‘Informe Uriarte’ por su presentador. Para empezar, la dimensión teleológica, la ‘reconciliación’ tal como es vista desde el nacionalismo, es puesta por encima del conocimiento de la realidad; dicho de otro modo, la carreta por delante de los bueyes. A la vista de la colocación en puestos clave de personalidades bien definidas en su equidistancia, como Jonan Fernández o el obispo Uriarte, todo cuanto va sucediendo era de esperar. La sociedad vasca ansía cerrar el capítulo del terrorismo. ¿Qué solución mejor que diluir su presencia histórica?
Las palabras clave para el encubrimiento son ‘paz’, ‘violencia’ y ‘derechos humanos’. ‘Paz’ suena bien, nadie la rechaza como objetivo. Solo que en Euskadi no había guerra, salvo que aceptemos que lo de ETA fue ‘lucha armada’. Hubo terrorismo, y hubo contraterrorismo. No se trata de firmar ‘la paz’, sino de que el terror desaparezca por siempre y la reconciliación sea el fruto de ese final. ‘Paz’ supone hoy equidistancia entre terrorismo y Estado de derecho. Y de esos polvos salen los siguientes lodos.
‘Violencia’. Claro que el terrorismo es una forma específica de violencia, pero no es reductible a otras. Un abertzale quería partirme la cara: eso es violencia. Si quería matarme, por orden de ETA, eso es terrorismo. No cabe confundir ambas cosas. El terrorismo es una táctica consistente en la ejecución de una serie de acciones puntuales de violencia, con un grado de intensidad capaz de provocar muertes y/o importantes destrucciones, desde una organización críptica –aunque su base sea el Estado– y con la finalidad de alcanzar un objetivo, ejerciendo un efecto de intimidación sobre el adversario. ETA y los GAL son organizaciones terroristas, no solo violentas, y la matriz de la espiral de ‘violencia’ de Euskadi en todas sus formas tiene un único origen: ETA. Represión franquista hubo en toda España. Solo en Euskadi asumió la dimensión trágica de destruir sistemáticamente vidas humanas en función de una religión política del odio.
Otro tanto sucede con los ‘derechos humanos’, si como la ‘violencia’ son utilizados a modo de cajón de sastre donde esconder la realidad. En Euskadi hubo terrorismo, hubo violaciones de derechos humanos ligadas al antiterrorismo y otras por causa de la dictadura. Fundir todo en una amalgama determina una lectura inevitablemente falseadora, como es el caso del informe sobre ‘vulneraciones de derechos humanos’ del viernes. Imaginemos que en un informe cuantitativo sobre violaciones de derechos en la Francia ocupada formamos dos tablas simétricas, una para ‘vulneraciones’ del ocupante nazi y otra similar de la Resistencia. ‘A ciascuno il suo’, diría en cambio Pirandello. No se trata de ignorar el segundo apartado, sino de ponderar los respectivos significados.
Además, en la medida que los cuatro ‘expertos’ dan las cifras sin explicación alguna, evitando así toda crítica, hay que creerles por acto de fe, sin las garantías que ofrecen Rogelio Alonso y Florencio Domínguez en ‘Vidas rotas’. Una deficiencia condenable por consciente, lo mismo que el olvido de las víctimas anunciadas, realmente existentes y cuantificables, sometidas durante años a la amenaza de muerte por ETA. Cuestión más importante que las penalidades de las familias de presos, por cierto equiparadas en el informe a las de las víctimas de atentados mortales. Son dolores cuya identificación es impresentable. Someter todo a un marcador tipo partido de baloncesto entre ‘violaciones de derechos’ por ETA y por las FSE, o muertes contra torturas, supone una consciente malformación de la memoria histórica. No es cosa nueva. Ahí están las declaraciones de la entonces consejera Idoia Mendia, cuando puso en práctica la máxima de que «aun cuando el origen sea diferente, el final del sufrimiento es el mismo», por lo cual Txiki y Otaegi, en vez de una lógica rehabilitación, habiendo sufrido la inhumana pena de muerte, lo fueron como ‘víctimas de la violencia política’. Confusión total.
No se trata de eludir el examen de todas las violaciones de derechos humanos, sino de evitar con ello el encubrimiento del terror. Es una tarea necesaria, pero si queremos la verdad, y no un sucedáneo de memoria histórica A.M.D.G. (a mayor gloria de Dios), que incluso celebren quienes siguen glorificando a ETA, resulta imprescindible analizar lo que fue la tela de araña extendida por ETA sobre la sociedad vasca, así como las responsabilidades por acción y por inhibición de los gobiernos PSOE y PNV en los peores años de plomo.
Volvamos al principio. En el ‘Informe Uriarte’, ETA nunca es llamada organización terrorista. Solo en la periodización, se dice que desarrolló «actividad terrorista» o «violencia terrorista». Luego todo se hace invisible en la niebla de la ‘violencia’ de ambos signos. Los muertos fueron víctimas de «ETA y otros grupos que han empleado la violencia». En suma, amalgama y ocultación so capa de objetividad.